No más Arbitrariedad - No Más Dictadura
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*Información actualizada el 19/09/2017

De acuerdo con datos del World Justice Project (WJP) 2016, Venezuela ocupa el último lugar (113) en apego a los parámetros de respeto al Estado de Derecho. Esto implica que el país carece de separación de poderes, lucha contra la corrupción, transparencia en la gestión, protección hacia los derechos humanos y acceso a la justicia.

Destitución de magistrados

En diciembre del año 2015 la Asamblea Nacional designó a los 13 magistrados del TSJ. De los candidatos escogidos, solo cuatro cumplen con los requisitos que establece la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) para ocupar el cargo. En enero del 2016 la gestión de una nueva AN determinó que había que “dejar sin efecto” el nombramiento de los magistrados actuales por haber sido arbitrario e ilegal según la LOTSJ.

No obstante, la Sala Constitucional del TSJ decidió que la AN no tenía legitimidad para remover a los magistrados

Sino que requería del apoyo del Poder Moral para hacerlo. Según la ONG Acceso a la Justicia, no se trata de una destitución, sino de calificar los vicios ocurridos en el procedimiento que llevó al nombramiento.

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, no firmó la selección de los magistrados y en junio de 2017 introdujo un recurso en el TSJ para impugnar su nombramiento. La Sala Constitucional lo rechazó y la Fiscal introdujo un antejuicio de mérito contra ocho magistrados de la Sala Constitucional por el delito de conspiración contra la República. Este recurso también fue declarado sin lugar.

La Asamblea Nacional designó en el mes de abril una comisión de diputados que se encargó de gestionar la postulación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La juramentación de 13 magistrados principales y 20 suplentes se realizó el viernes 21 de julio, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado en el que estableció que todas aquellas personas que fueran designadas incurrirían automáticamente en el delito de usurpación de funciones.

Según la Asamblea Nacional, el 25 de julio funcionarios del Sebin detuvieron a los magistrados Jesús Rojas (Sala Electoral) y Zuleima González (suplente de la Sala Constitucional) en el estado Anzoátegui. El sábado 22 ya se había detenido al magistrado Ángel Zerpa (Sala Político Administrativa). Miguel Ángel Martín, Magistrado Principal de la Sala Constitucional del TSJ, huyó de Venezuela y llegó a Estados Unidos con solo una maleta. El magistrado Ramsis Ghazzaoui se encuentra en la clandestinidad.

Nicolás Maduro dijo que los nuevos magistrados son “ilegítimos” y que serán sancionados: “Esta gente que nombraron, usurpadores que andan por ahí. Todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otros. Todos van a ir presos y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo, y nadie los va a defender”, afirmó.

Los artículos 264 y 265 de nuestra Constitución facultan a la AN para nombrar y remover a los magistrados del TSJ. Sin embargo, debido al quebrantamiento del principio de separación de poderes contenido en el art. 136 constitucional, la Asamblea Nacional por consecuencia de las decisiones de la Sala Constitucional ha quedado inhabilitada para ejercer sus funciones propias.

Por el contrario, tenemos un TSJ que ha reiterado sus violaciones a la Constitución al usurpar las funciones de la AN e incurrir en la desviación de poder, según los artículos 138 y 139 de la Constitución. Además, compromete la seguridad jurídica de cada uno de los venezolanos al designar a magistrados más por su lealtad política con el gobierno que por sus méritos en la abogacía tal como establece el art. 37 de la LOTSJ.

Elecciones

Según la Constitución, el período de mandato de alcaldes y gobernadores es de 4 años. Bajo esta premisa, se debía realizar elecciones en el 2016 (las últimas fueron en el 2012). Sin embargo, ese mismo año la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció (sin explicación alguna) que las elecciones regionales se iban a celebrar durante el primer semestre del 2017.

En febrero del 2017 se inició un proceso de renovación de partidos en el que cada tolda debía demostrar que contaba con el apoyo suficiente como para mantenerse en la carrera política. La rectora del CNE, Tania D’Amelio, dijo que no se realizarían elecciones hasta que finalizara este proceso a finales de abril y sujetó el ejercicio de la soberanía del pueblo a requisitos administrativos no previstos en la Constitución.

El CNE se mantuvo en silencio hasta el 1 de mayo, cuando el presidente Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente

A pesar de que la Constitución establece que solo el pueblo tiene ese derecho. El ente electoral aceptó las bases comiciales que, según Acceso a la Justicia son inconstitucionales y antidemocráticas porque el voto por sectores es esencialmente arbitrario.

Para evitar que se llevara a cabo la ANC, la Mesa de la Unidad Democrática convocó a una consulta popular el 16 de julio. Se hicieron tres preguntas relacionadas con el rechazo a la ANC por considerarla un fraude, la exigencia a las Fuerzas Armadas de que respetaran la Constitución y el apoyo al establecimiento de un nuevo Gobierno de Unidad Nacional. En el proceso participaron más de 7.600.000 venezolanos. El Gobierno descalificó la consulta y el CNE dijo que no era vinculante. Sin embargo, fue reconocida por diferentes países.

La ANC se realizó el 30 de julio de 2017. Según la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, participaron 8.089.320 venezolanos, lo que representa 41,53% del padrón electoral. Por su parte, la Mesa de la Unidad Democrática asegura que solo votaron 2.483.073 personas. 

La ANC se llevó a cabo con diversas irregularidades: no se habilitaron todos los centros de votación, se permitió a los electores votar cualquier centro de votación del mismo municipio en el que estuviesen registrados y los electores de los municipios Baruta, Chacao, El Hatillo y Sucre votaron en el Poliedro de Caracas por considerar que estas zonas eran “violentas y problemáticas”.

Debido a esto y a la ilegalidad de las bases comiciales, 40 países se pronunciaron y establecieron que no aceptan los resultados emitidos por el CNE: Estados Unidos, México, Colombia, Puerto Rico, Brasil, Argentina, México, Panamá, Alemania, España, Noruega, Suiza, Italia, Canadá, Paraguay, la Unión Europea y Mercosur.

La ANC aprobó por unanimidad que las elecciones a gobernadores se celebren en octubre en lugar del 10 de diciembre, como había anunciado el CNE. El ente electoral acató la decisión y fijó la fecha de los comicios para el 15 de octubre.

La ONG Transparencia Venezuela denunció que los candidatos del gobierno financian sus campañas con fondos públicos cuyo uso está prohibido por la Constitución. Destacaron el caso del Ministro de Alimentación hasta agosto 2017, el General de brigada Rodolfo Marco Torres, candidato a la gobernación del Estado Aragua por el partido de gobierno PSUV, que en su cuenta Twitter el 5 de septiembre publicó un video del inició de su campaña electoral en un vehículo militar, acompañado por integrantes de la Fuerza Armada Nacional.

Héctor Rodríguez, candidato del PSUV por el estado Miranda ofrece camiones de gas; Victor Clark candidato al estado Falcón, entregó cajas de comida subsidiadas (CLAP) junto con altos funcionarios del gobierno.

El artículo 293 de la nuestra Constitución sostiene que los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional.

Tal artículo garantiza parte de los principios fundamentales que propugna nuestra Constitución: la democracia, la libertad y el pluralismo político. Si no contamos con un CNE que declara la nulidad de las elecciones de una Constituyente antidemocrática ni convoca a elecciones cuando se debe, la garantía de vivir en una democracia donde se respete la pluralidad política y la verdadera participación ciudadana a través del voto, simplemente desvanece.

Sentencias del TSJ

Según un informe de Acceso a la Justicia en seguimiento al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante el año 2016 el TSJ dictó 46 sentencias que desmantelaron a la Asamblea Nacional y con las últimas decisiones hasta marzo de 2017 dio un golpe de Estado judicial, ya que en este período desconoció la inmunidad de los diputados para acusarlos de “traición a la Patria” por alzar sus voces internacionalmente en contra de la dictadura

Con la sentencia 155 el TSJ habilitó al Ejecutivo para que pudiera legislar en aspectos clave

(Como la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar) sin contar con el aval del legislativo. Con la sentencia 156 invalidó las actuaciones de la Asamblea Nacional mientras estuviera en “desacato” y le cedió las competencias parlamentarias a la Sala Constitucional o a cualquier órgano que la institución dispusiera, a pesar de que ninguna norma de la Constitución permite esta usurpación.

La reacción internacional provocó la “aclaratoria” de las sentencias por parte de la Sala Constitucional. Sin embargo, el Ejecutivo todavía puede constituir empresas mixtas sin la autorización de la Asamblea Nacional y, sobre la base del Estado de Excepción, podrá modificar la ley de Hidrocarburos, disponiendo libremente de la riqueza nacional.

El TSJ inició una nueva arremetida contra autoridades locales y regionales opositoras. Según la ONG Acceso a la Justicia, los juicios llevados adelante por la Sala Constitucional del TSJ en contra de 13 alcaldes de oposición y el gobernador del estado Miranda incurren en la violación de principios jurídicos básicos, convirtiendo el Derecho en un simple ejercicio de dibujo libre. En estos casos se ha violado el derecho del juez natural, el derecho al debido proceso, a la libertad personal, al principio de legalidad y reserva legal y el derecho a recibir una sentencia fundamentada y debidamente motivada.

Por otra parte, la Sala Plena, en sentencia nº 66 del 16 de agosto de 2017, ordenó la detención del diputado (ex-PSUV) Germán Ferrer, sin haber obtenido la autorización previa de la Asamblea Nacional (AN), tal y como lo ordena el artículo 200 de la Constitución, ni haber publicado el texto íntegro de la sentencia, por lo que el condenado no conoce su fundamentación, requisito indispensable para un debido proceso.

Dos principios que deben regir en todo tribunal de cualquier país democrático son la imparcialidad y la independencia de sus jueces

Tal como sostiene nuestra Constitución en su artículo 256. Sin embargo, cuando esos principios no se respetan y los tribunales como sus jueces empiezan a obrar en función de intereses político-partidistas, el ciudadano queda expuesto ante la impunidad y la arbitrariedad.

El TSJ con estas decisiones no solo ha demostrado su dependencia y parcialidad hacia el Presidente de la República, sino también ha usurpado las funciones de la Asamblea Nacional, quebrantando el principio de separación de poderes que se sustenta bajo el art. 136 de la Constitución. Incluso se ha desconocido la legitimidad de una Asamblea que es el órgano central donde la política y el Derecho se encuentran para la formación de un Estado democrático.

Violación a la autonomía universitaria

El 5 de abril de 2017 estudiantes de la Universidad de Carabobo realizaban una protesta en las puertas del recinto cuando fueron reprimidos por efectivos de la PNB y GNB. Más de 25 jóvenes resultaron heridos. El 4 de mayo estudiantes de la UCV se concentraban en la puerta Tamanaco cuando fueron reprimidos por la GNB y la PNB, dejando a 14 estudiantes heridos.

En la Universidad de Oriente la represión a estudiantes dejó al menos 25 ahogados por gases y 3 heridos por perdigones el 2 de junio

El 20 de julio se reportaron al menos cuatro detenidos y un herido en la sede de la UCV en el estado Aragua mientras Venezuela se encontraba en un paro cívico nacional convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Polícia Nacional Bolivariana (PNB) en compañía de colectivos entraron al recinto y varios vehículos resultaron incendiados.

Según datos de la ONG Aula Abierta, 51 estudiantes han resultado heridos dentro de sus universidades solo en la región central del país entre los meses de mayo y junio.

La Ley de Universidades señala en su artículo 9 que el recinto e instalaciones de las universidades son inviolables. Los cuerpos de seguridad del Estado no podrán acceder a ellos sin previo permiso o requerimiento de las autoridades de la universidad.

Por otro lado, el artículo 68 de nuestra Constitución prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. Si bien la GNB y la PNG están facultadas para controlar las manifestaciones pacíficas y mantener el orden público, sus actuaciones se convierten en delito cuando ejercen de forma abusiva la fuerza con la que controlan las protestas, conllevando a la violación de derechos humanos.

Por ende, observamos como el Estado incumple con su obligación de protección, al permitir que haya estudiantes gravemente heridos por el uso abusivo de la fuerza por parte de sus funcionarios.

El 12 de julio el Consejo Nacional de Universidades (CNU) designó al profesor Luis Holder como vicerrector de la Universidad Simón Bolívar, luego de que el cargo estuviese vacante por siente meses. Rafael Escalona, anterior vicerrector, renunció en diciembre de 2016. El reglamento general de la USB establece que las faltas absolutas del rector, vicerrectores y el secretario serán cubiertas hasta por 180 días por la persona que designe el CNU. Esta acción representa una nueva violación al reglamento y a la autonomía universitaria, además de ser una imposición arbitraria del Gobierno.

Según el rector de la universidad, Enrique Planchart, Holder no tiene méritos académicos suficientes para ocupar el cargo. Aunque es doctor, profesor universitario y tiene 10 años en ejercicio, no tiene más investigaciones que las publicadas en 1994 para su doctorado. Solo ha sido tutor de una tesis y no ha dirigido pasantías. En 1996 fue nombrado profesor del Departamento de Electrónica y Circuitos, pero renunció a los tres meses porque se negó a seguir las normas y a dictar clases.

Organizaciones y centros de derechos humanos de la comunidad universitaria y sociedad civil se pronunciaron ante la designación ilegal del vicerrector y afirmaron que la autonomía universitaria es una condición necesaria para la existencia de las universidades e instituciones de educación superior.

Luego del fallecimiento del profesor Francesco Leone Durante, Rector de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), la Junta Directiva del Sindicato de Empleados (SEUCLA) solicitó al Ministerio de Educación Universitaria la designación del rector interino a través del CNU. Según la ONG Aula Abierta, esto atenta contra el principio de la autonomía universitaria y le da continuidad a una serie de prácticas intervencionistas empleadas por el gobierno nacional en los asuntos inherentes al sector universitario, ya que modifica el reglamento actual al no hacer elecciones.

Por lo general, en el ideario común, se relaciona a la autonomía universitaria con la imposibilidad que tiene la policía de ingresar al recinto universitario; pero la autonomía es mucho más que eso; tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones de dirección, políticas públicas y financieras sin la injerencia del estado. Así, lo reconoce la Constitución en su artículo 109 y es desarrollado por la Ley de Universidades vigente.

Actuación de la Defensoría del Pueblo

El Subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CIC) degradó a la Defensoría del Pueblo a Categoría B. Esto significa que la institución no satisface los Principios de París debido a su falta de independencia, autonomía y desempeño respecto a la violación de derechos humanos.

Esto ocurrió, aun cuando para el 2015 ya el Subcomité había advertido de una degradación si no se pronunciaba sobre la situación de los derechos humanos en el país.

El 22 de junio Tarek William Saab condenó públicamente el asesinato de los jóvenes Fabián Urbina y David Vallenilla durante las protestas y aseguró que la Defensoría iba a investigar lo sucedido.

Con la sentencia 469 el TSJ dio acceso a la Defensoría a todos los actos de investigación del Ministerio Público. Tareck William Saab calificó esta decisión como histórica, dijo que sentaba un precedente positivo nacional e internacionalmente y que era un paso a favor de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

El sábado 5 de agosto Alfredo Ruiz Angulo fue designado como defensor del pueblo, luego de que Tarek William Saab renunciara a su cargo para ejercer como fiscal general de la República tras la destitución de Luisa Ortega Díaz como resultado de un antejuicio de mérito. “La Defensoría del Pueblo seguirá en el trabajo que le ha tocado y queda en buenas manos, porque según la Ley orgánica de esta instancia, queda el director ejecutivo encargado, Alfredo Ruiz”, dijo Saab durante su designación ante la Asamblea Nacional Constituyente.

Nuestra Constitución señala en su artículo 280 que el Defensor del Pueblo es quién se encargará de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos en el país. Para ello, tiene una serie de atribuciones bastante explícitas, tales como i) investigar de oficio o a instancia de parte las denuncias que reciba por violaciones a los derechos humanos, ii) proteger los derechos humanos de las personas contra arbitrariedades y desviaciones de poder y iii) instar al Fiscal General de la República para que intente acciones contra funcionarios públicos que hayan sido responsables por violaciones a los derechos humanos.

No pronunciarse sobre la totalidad de las violaciones a los derechos humanos cometidos en el país, apoyar decisiones de la Sala Constitucional que comprometen la estabilidad del Estado de Derecho y omitir instar a la Fiscal General de la República sobre las violaciones cometidas por parte de funcionarios, conllevan a la violación reiterada de derechos humanos por parte de la Defensoría y a la responsabilidad internacional del Estado venezolana por permitir tales hechos.

TSJ vs. Fiscal General de la República

Hasta la fecha, se ha evidenciado un constante atropello jurídico contra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, por parte del TSJ con las intenciones de desplazarla de sus atribuciones, luego de criticar el nuevo proyecto político del Gobierno: la Constituyente.

El 12 de junio el TSJ declaró inadmisible el recurso interpuesto por la Fiscal General, en el que pedía la anulación de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Luego de ello, el TSJ arremetió contra la Fiscal admitiendo, bajo un fraude procesal, una solicitud de antejuicio de mérito, pero iniciando en su contra un procedimiento por faltas graves en el ejercicio de su cargo.

La gravedad de ello es que el TSJ, bajo un ficticio procedimiento penal contra la Fiscal, le prohibió salir del país, enajenar y gravar sus bienes, le congeló todas sus cuentas bancarias y la suspendió automáticamente de seguir ejerciendo su cargo y de ejercer otro cargo público, tal como señala el art. 380 del Código Orgánico Procesal Penal.

Todo se hace dentro de un contexto en el que el TSJ con la sentencia No. 470 inadmitió otro recurso interpuesto por la Fiscal General contra las bases comiciales de la AN Constituyente. Aunado a ello, y sin que nadie lo pidiese, anuló el nombramiento de su Vicefiscal General, Rafael González por señalar que la aprobación de la AN de este vicefiscal es inválida por encontrarse en desacato.

Actuando así, la Sala Constitucional usurpó funciones del MP al designar como vicefiscal a Katherine Harrington, designación que sólo le compete a la Fiscal General según el art. 25 numeral 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en violación del principio de separación de poderes contenido en el art. 136 de nuestra Constitución.

Asimismo, en el marco de las protestas, el Foro Penal ha denunciado que jueces han solicitado fiadores a manifestantes detenidos -sin ninguna imputación por parte del MP- como una “táctica dilatoria y sistemática” para mantenerlos más tiempo detenidos, otra violación a sus derechos humanos, junto con las agresiones y maltratos que reciben en los centros de reclusión.

Durante una rueda de prensa el 25 de julio Luisa Ortega Díaz señaló que los magistrados del TSJ usurpan poderes en el país y son responsables de la violencia y la crisis: “Ustedes magistrados son los que han provocado esta situación. El TSJ ha venido repartiendo las competencias del Ministerio Público a cualquiera que se les atraviesa por ahí” denunció.

Igualmente dijo que habilitarían oficinas a partir del 28 de julio para recibir denuncias de aquellos funcionarios públicos que fueron amenazados para votar en la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio: “Quiero que sepan que estoy resteada con ustedes pueblo de Venezuela. Llamo a todos a que se cumpla la CRBV y se invoque el artículo 333 de nuestra Carta Magna”, dijo.

El 5 de agosto la ANC tomó su primera decisión y destituyó a la fiscal general. “Quieren esconder las pruebas de Odebrecht (constructora brasileña), las pruebas de la corrupción en Venezuela, las pruebas de las violaciones de los derechos humanos. Por eso me destituyen. Les ratifico que en Venezuela está en pleno desarrollo un golpe contra la Constitución promovido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Ejecutivo Nacional”, dijo Ortega. Según la ONG Transparencia Venezuela, el TSJ allanó el camino y dictó 12 sentencias solo en cuatro semanas para destituir a Luisa Ortega Díaz.

La fiscal general de la República se encuentra en el exilio y ha visitado varios países de América Latina. Ha denunciado y dado a conocer la corrupción de los altos funcionarios del gobierno. Además, ha dado mensajes de aliento al país y también ha afirmado que lo que está haciendo es para la defensa de la nación.

Presos políticos

Según Pedro Nikken, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un preso político “es una persona que está presa por hacer política, sin importar por qué lo acusan”, Entre febrero de 2014 y junio del 2016 se registraron 5853 detenciones arbitrarias y, para marzo de 2017, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones apuntó que en Venezuela había 115 presos políticos.

El 15 de septiembre la cifra ascendía a 566, según el director del Foro Penal, Alfredo Romero

El Foro Penal determinó tres tipos de presos políticos en Venezuela: los que representan una amenaza política para el gobierno, como Leopoldo López y Antonio Ledezma; los que ejercen sus derechos constitucionales contra la línea oficial, como estudiantes, defensores de derechos o jueces; y aquellos que, sin ser una amenaza, son utilizados como justificación de campañas mediáticas, como Simonovis.

 

En Venezuela un preso político no es más que una persona que ha sido privada de su libertad por expresar pensamientos, ideas u opiniones contrarias a las que promueve el gobierno. Manifestar opiniones es un derecho humano que no solo está establecido en el art. 57 de nuestra Constitución, sino que también es uno de los pilares esenciales en el sustento de una sociedad democrática.