No más Arbitrariedad - No Más Dictadura
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*Información actualizada el 21/07/2017

De acuerdo con datos del World Justice Project (WJP) 2016, Venezuela ocupa el último lugar (113) en apego a los parámetros de respeto al Estado de Derecho. Esto implica que el país carece de separación de poderes, lucha contra la corrupción, transparencia en la gestión, protección hacia los derechos humanos y acceso a la justicia.

Destitución de magistrados

En diciembre del año 2015 la Asamblea Nacional designó a los 13 magistrados del TSJ. De los candidatos escogidos, solo cuatro cumplen con los requisitos que establece la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) para ocupar el cargo. En enero del 2016 la gestión de una nueva AN determinó que había que “dejar sin efecto” el nombramiento de los magistrados actuales por haber sido arbitrario e ilegal según la LOTSJ.

No obstante, la Sala Constitucional del TSJ decidió que la AN no tenía legitimidad para remover a los magistrados

Sino que requería del apoyo del Poder Moral para hacerlo. Según la ONG Acceso a la Justicia, no se trata de una destitución, sino de calificar los vicios ocurridos en el procedimiento que llevó al nombramiento.

La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, no firmó la selección de los magistrados y en junio de 2017 introdujo un recurso en el TSJ para impugnar su nombramiento. La Sala Constitucional lo rechazó y la Fiscal introdujo un antejuicio de mérito contra ocho magistrados de la Sala Constitucional por el delito de conspiración contra la República. Este recurso también fue declarado sin lugar.

La Asamblea Nacional designó en el mes de abril una comisión de diputados que se encargó de gestionar la postulación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). La juramentación de 13 magistrados principales y 20 suplentes se realizó el viernes 21 de julio, pese a que el Tribunal Supremo de Justicia emitió un comunicado en el que estableció que todas aquellas personas que fueran designadas incurrirían automáticamente en el delito de usurpación de funciones.

Los artículos 264 y 265 de nuestra Constitución facultan a la AN para nombrar y remover a los magistrados del TSJ. Sin embargo, debido al quebrantamiento del principio de separación de poderes contenido en el art. 136 constitucional, la Asamblea Nacional por consecuencia de las decisiones de la Sala Constitucional ha quedado inhabilitada para ejercer sus funciones propias.

Por el contrario, tenemos un TSJ que ha reiterado sus violaciones a la Constitución al usurpar las funciones de la AN e incurrir en la desviación de poder, según los artículos 138 y 139 de la Constitución. Además, compromete la seguridad jurídica de cada uno de los venezolanos al designar a magistrados más por su lealtad política con el gobierno que por sus méritos en la abogacía tal como establece el art. 37 de la LOTSJ.

Elecciones

Según la Constitución, el período de mandato de alcaldes y gobernadores es de 4 años. Bajo esta premisa, se debía realizar elecciones en el 2016 (las últimas fueron en el 2012). Sin embargo, ese mismo año la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció (sin explicación alguna) que las elecciones regionales se iban a celebrar durante el primer semestre del 2017.

En febrero del 2017 se inició un proceso de renovación de partidos en los que cada tolda debía demostrar que contaba con el apoyo suficiente como para mantenerse en la carrera política. La rectora del CNE, Tania D’Amelio, dijo que no se realizarían elecciones hasta que finalizara este proceso a finales de abril y sujetó el ejercicio de la soberanía del pueblo a requisitos administrativos no previstos en la Constitución.

El CNE se mantuvo en silencio hasta el 1 de mayo, cuando el presidente Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente

A pesar de que la Constitución establece que solo el pueblo tiene ese derecho. El ente electoral aceptó las bases comiciales para la constituyente que, según Acceso a la Justicia son inconstitucionales y antidemocráticas porque el voto por sectores es esencialmente arbitrario.

La ANC se realizará el 30 de julio y ya fueron convocadas las elecciones regionales para el 10 de diciembre del 2017, por lo que las municipales se realizarán en el año 2018. Es importante destacar que la ANC tiene la facultad de eliminar los poderes constituidos (alcaldes, gobernadores, fiscal e incluso diputados)

Para evitar que se lleve a cabo la ANC, la Mesa de la Unidad Democrática convocó a una consulta popular el 16 de julio. Se hicieron tres preguntas relacionadas con el rechazo a la ANC por considerarla un fraude, la exigencia a las Fuerzas Armadas de que respetaran la Constitución y el apoyo al establecimiento de un nuevo Gobierno de Unidad Nacional. En el proceso participaron más de 7.600.000 venezolanos. El Gobierno descalificó la consulta y el CNE dijo que no era vinculante. Sin embargo, fue reconocida por diferentes países.

El artículo 293 de la nuestra Constitución sostiene que los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, así como la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional.

Tal artículo garantiza parte de los principios fundamentales que propugna nuestra Constitución: la democracia, la libertad y el pluralismo político. Si no contamos con un CNE que declara la nulidad de las elecciones de una Constituyente antidemocrática ni convoca a elecciones cuando se debe, la garantía de vivir en una democracia donde se respete la pluralidad política y la verdadera participación ciudadana a través del voto, simplemente desvanece.

Sentencias del TSJ

Según un informe de Acceso a la Justicia en seguimiento al Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, durante el año 2016 el TSJ dictó 46 sentencias que desmantelaron a la Asamblea Nacional y con las últimas decisiones hasta marzo de 2017 dio un golpe de Estado judicial, ya que en este período desconoció la inmunidad de los diputados para acusarlos de “traición a la Patria” por alzar sus voces internacionalmente en contra de la dictadura

Con la sentencia 155 el TSJ habilitó al Ejecutivo para que pudiera legislar en aspectos clave

(Como la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley Contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar) sin contar con el aval del legislativo. Con la sentencia 156 invalidó las actuaciones de la Asamblea Nacional mientras estuviera en “desacato” y le cedió las competencias parlamentarias a la Sala Constitucional o a cualquier órgano que la institución dispusiera, a pesar de que ninguna norma de la Constitución permite esta usurpación.

La reacción internacional provocó la “aclaratoria” de las sentencias por parte de la Sala Constitucional. Sin embargo, el Ejecutivo todavía puede constituir empresas mixtas sin la autorización de la Asamblea Nacional y, sobre la base del Estado de Excepción, podrá modificar la ley de Hidrocarburos, disponiendo libremente de la riqueza nacional.

Dos principios que deben regir en todo tribunal de cualquier país democrático son la imparcialidad y la independencia de sus jueces

Tal como sostiene nuestra Constitución en su artículo 256. Sin embargo, cuando esos principios no se respetan y los tribunales como sus jueces empiezan a obrar en función de intereses político-partidistas, el ciudadano queda expuesto ante la impunidad y la arbitrariedad.

El TSJ con estas decisiones no solo ha demostrado su dependencia y parcialidad hacia el Presidente de la República, sino también ha usurpado las funciones de la Asamblea Nacional, quebrantando el principio de separación de poderes que se sustenta bajo el art. 136 de la Constitución. Incluso se ha desconocido la legitimidad de una Asamblea que es el órgano central donde la política y el Derecho se encuentran para la formación de un Estado democrático.

Violación a la autonomía universitaria

El 5 de abril de 2017 estudiantes de la Universidad de Carabobo realizaban una protesta en las puertas del recinto cuando fueron reprimidos por efectivos de la PNB y GNB. Más de 25 jóvenes resultaron heridos. El 4 de mayo estudiantes de la UCV se concentraban en la puerta Tamanaco cuando fueron reprimidos por la GNB y la PNB, dejando a 14 estudiantes heridos.

En la Universidad de Oriente la represión a estudiantes dejó al menos 25 ahogados por gases y 3 heridos por perdigones el 2 de junio

El 20 de julio se reportaron al menos cuatro detenidos y un herido en la sede de la UCV en el estado Aragua mientras Venezuela se encontraba en un paro cívico nacional convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Polícia Nacional Bolivariana (PNB) en compañía de colectivos entraron al recinto y varios vehículos resultaron incendiados.

Según datos de la ONG Aula Abierta, 51 estudiantes han resultado heridos dentro de sus universidades solo en la región central del país entre los meses de mayo y junio.

La Ley de Universidades señala en su artículo 9 que el recinto e instalaciones de las universidades son inviolables. Los cuerpos de seguridad del Estado no podrán acceder a ellos sin previo permiso o requerimiento de las autoridades de la universidad.

Por otro lado, el artículo 68 de nuestra Constitución prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. Si bien la GNB y la PNG están facultadas para controlar las manifestaciones pacíficas y mantener el orden público, sus actuaciones se convierten en delito cuando ejercen de forma abusiva la fuerza con la que controlan las protestas, conllevando a la violación de derechos humanos.

Por ende, observamos como el Estado incumple con su obligación de protección, al permitir que haya estudiantes gravemente heridos por el uso abusivo de la fuerza por parte de sus funcionarios.

Actuación de la Defensoría del Pueblo

El Subcomité de Acreditación del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (CIC) degradó a la Defensoría del Pueblo a Categoría B. Esto significa que la institución no satisface los Principios de París debido a su falta de independencia, autonomía y desempeño respecto a la violación de derechos humanos.

Esto ocurrió, aun cuando para el 2015 ya el Subcomité le había advertido de una degradación si no se pronunciaba sobre la situación de los derechos humanos en el país.

El 22 de junio Tarek William Saab condenó públicamente el asesinato de los jóvenes Fabián Urbina y David Vallenilla durante las protestas y aseguró que la Defensoría iba a investigar lo sucedido.

Con la sentencia 469 el TSJ dio acceso a la Defensoría a todos los actos de investigación del Ministerio Público. Tareck William Saab calificó esta decisión como histórica, dijo que sentaba un precedente positivo nacional e internacionalmente y que era un paso a favor de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

Nuestra Constitución señala en su artículo 280 que el Defensor del Pueblo es quién se encargará de la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos en el país. Para ello, tiene una serie de atribuciones bastante explícitas, tales como i) investigar de oficio o a instancia de parte las denuncias que reciba por violaciones a los derechos humanos, ii) proteger los derechos humanos de las personas contra arbitrariedades y desviaciones de poder y iii) instar al Fiscal General de la República para que intente acciones contra funcionarios públicos que hayan sido responsables por violaciones a los derechos humanos.

No pronunciarse sobre la totalidad de las violaciones a los derechos humanos cometidos en el país, apoyar decisiones de la Sala Constitucional que comprometen la estabilidad del Estado de Derecho y omitir instar a la Fiscal General de la República sobre las violaciones cometidas por parte de funcionarios, conllevan a la violación reiterada de derechos humanos por parte de la Defensoría y a la responsabilidad internacional del Estado venezolana por permitir tales hechos.

TSJ vs. Fiscal General de la República

Hasta la fecha, se ha evidenciado un constante atropello jurídico contra la Fiscal General de la República por parte del TSJ con las intenciones de desplazarla de sus atribuciones, luego de criticar el nuevo proyecto político del Gobierno: la Constituyente.

El 12 de junio el TSJ declaró inadmisible el recurso interpuesto por la Fiscal General, en el que pedía la anulación de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Luego de ello, el TSJ arremetió contra la Fiscal admitiendo, bajo un fraude procesal, una solicitud de antejuicio de mérito, pero iniciando en su contra un procedimiento por faltas graves en el ejercicio de su cargo.

La gravedad de ello es que el TSJ, bajo un ficticio procedimiento penal contra la Fiscal, le prohibió salir del país, enajenar y gravar sus bienes, le congeló todas sus cuentas bancarias y la suspendió automáticamente de seguir ejerciendo su cargo y de ejercer otro cargo público, tal como señala el art. 380 del Código Orgánico Procesal Penal.

Todo se hace dentro de un contexto en el que el TSJ con la sentencia No. 470 inadmitió otro recurso interpuesto por la Fiscal General contra las bases comiciales de la AN Constituyente. Aunado a ello, y sin que nadie lo pidiese, anuló el nombramiento de su Vicefiscal General, Rafael González por señalar que la aprobación de la AN de este vicefiscal es inválida por encontrarse en desacato.

Actuando así, la Sala Constitucional usurpó funciones del MP al designar como vicefiscal a Katherine Harrington, designación que sólo le compete a la Fiscal General según el art. 25 numeral 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en violación del principio de separación de poderes contenido en el art. 136 de nuestra Constitución.

Asimismo, en el marco de las protestas, el Foro Penal ha denunciado que jueces han solicitado fiadores a manifestantes detenidos -sin ninguna imputación por parte del MP- como una “táctica dilatoria y sistemática” para mantenerlos más tiempo detenidos, otra violación a sus derechos humanos, junto con las agresiones y maltratos que reciben en los centros de reclusión.

Presos políticos

Según Pedro Nikken, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un preso político “es una persona que está presa por hacer política, sin importar por qué lo acusan”, Entre febrero de 2014 y junio del 2016 se registraron 5853 detenciones arbitrarias y, para marzo de 2017, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones apuntó que en Venezuela había 115 presos políticos.

El 15 de julio la cifra ascendía a 444 según el director del Foro Penal, Alfredo Romero

El Foro Penal determinó tres tipos de presos políticos en Venezuela: los que representan una amenaza política para el gobierno, como Leopoldo López y Antonio Ledezma; los que ejercen sus derechos constitucionales contra la línea oficial, como estudiantes, defensores de derechos o jueces; y aquellos que, sin ser una amenaza, son utilizados como justificación de campañas mediáticas, como Simonovis.

 

En Venezuela un preso político no es más que una persona que ha sido privada de su libertad por expresar pensamientos, ideas u opiniones contrarias a las que promueve el gobierno. Manifestar opiniones es un derecho humano que no solo está establecido en el art. 57 de nuestra Constitución, sino que también es uno de los pilares esenciales en el sustento de una sociedad democrática.