No más Censura - No Más Dictadura
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*Información actualizada el 21/07/2017

Según el artículo 58 de la Constitución, la comunicación es libre y plural. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura. A pesar de ello, 227 periodistas venezolanos admitieron haber bordeado la autocensura en el año 2015. Además, solo en 2017 se han registrado casi 700 violaciones a la libertad de expresión. Esto es solo una consecuencia de la escalada de acciones legales que el Estado ha llevado en contra de periodistas y medios de comunicación: 71 entre 2002 y 2016.

Acceso a la información

Aunque en Venezuela no existe una ley que regule exclusivamente el derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública, según la ONG Transparencia Venezuela en las normativas vigentes se contabilizan 12 marcos legales que abordan el tema, además de la Constitución, los códigos de Justicia Militar, de Ética del Periodista y de Procedimiento Civil.

En estas normativas se indica la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos de rendir cuentas sobre sus acciones de forma transparente.

En la práctica esto no se cumple. En el 2016 la ONG Espacio Público puntualizó el problema de acceso a la información únicamente en temas de salud, suministro de agua y arco minero. Se contabilizaron al menos 10 casos en los que la organización y las comunidades enviaron cartas a las autoridades competentes para obtener respuestas concretas sobre la escasez de medicinas, los programas y avances en materia de salud sexual y reproductiva, las fallas en el suministro y la mala calidad del agua y los estudios de impacto ambiental que deben realizarse para concretar el proyecto del arco minero. Ninguna de las solicitudes obtuvo respuesta.

Un claro ejemplo de esto ocurrió en el marco de la Consulta Popular del 16 de julio de 2017. Las organizaciones que forman parte de la Alianza por la Libertad de Expresión denunciaron que el pasado 13 de julio Conatel ordenó a los medios de comunicación que se abstuvieran de hacer referencia la consulta popular que tuvo lugar el 6 de julio de 2017. Entre otras cosas se le prohibió a medios radioeléctricos calificar como “plebiscito” o “consulta popular” la actividad, así como fomentar su participación en ella. 

Esta acción estuvo acompañada de la amenaza de revocar la concesión a los medios que no acataran esta orden ilegal, lo que representa un acto de censura no justificada y una violación a la libertad de expresión tanto de los medios –quienes tienen derecho a informar– como de los ciudadanos quienes tienen el derecho a recibir información veraz, imparcial y oportuna.

Agresiones y detenciones a periodistas

El 18 agosto de 2016 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron a los periodistas Andreína Flores y Jorge Luis Pérez Valery por grabar en un área perteneciente al “corredor presidencial”. Los periodistas, despojados de sus documentos, fueron trasladados hasta Fuerte Tiuna para rendir declaraciones.

El número de agresiones a periodistas ha incrementado desde el mes de abril de 2017, cuando se iniciaron protestas contra el régimen de Nicolás Maduro

El 31 de mayo fueron agredidos seis reporteros gráficos de distintas agencias y medios durante la cobertura de una manifestación en la autopista Francisco Fajardo a la altura de Altamira. Entre las víctimas estuvo Francisco Bruzco, de Crónica Uno, quien fue robado por funcionarios de la GNB.

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), entre el 31 de marzo y el 24 de junio de 2017 agredieron a 376 trabajadores de prensa. 238 de esos casos fueron documentados y 170 fueron perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado. Además, se contabilizaron 33 detenciones ilegales en el mismo período.

Censura

Censura en Radio

En Agosto del 2009 Conatel sacó del aire a 34 emisoras de radio. El entonces presidente de la comisión, Diosdado Cabello, reconoció que la medida respondía a las órdenes del presidente Hugo Chávez: “Recibimos la instrucción del comandante de acabar con el latifundio radioeléctrico, el latifundio mediático, y lo vamos a hacer.

(…) Si la oligarquía no cede en sus privilegios por las buenas, el pueblo la va a obligar por las malas. Y en este caso, en Venezuela el pueblo es el Gobierno”.

Para ese momento operaban 472 estaciones en el país. 79 eran propiedad del Estado y 243 eran comunitarias. Entre estas últimas, 59% transmitían en frecuencia modulada y 51% en onda media y formaban parte de alguna cadena de radio. La más grande de todas pertenecía al Estado: Radio Nacional de Venezuela, que agrupaba a 73 emisoras.

Con el paso de los años se ha mantenido la censura y la persecución contra los dueños de medios que manifiestan posturas políticas disidentes al régimen, mientras el Gobierno mantiene el verdadero monopolio de los medios y cercena el derecho a la información.

En abril del 2017 el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, denunció que en dos semanas fueron cerradas emisoras de Falcón, Cojedes, Yaracuy y Lara, a las que Conatel confiscó sus equipos: “Conatel es un organismo con la función técnica de evitar que una emisora del espectro radioeléctrico se solape sobre otra, pero el gobierno lo ha convertido en censor”.

CENSURA EN Televisión

En mayo del 2007 salió de las pantallas RCTV, el canal más antiguo de Venezuela para el momento. La decisión la tomó el entonces presidente Hugo Chávez y se debió a la postura política tomada por la televisora durante el golpe de Estado del año 2002. A partir de entonces se redujo la competencia en la televisión venezolana e incrementaron los controles por parte de Conatel. Solo en el mes de enero de 2010 fueron sacados de las cableras seis canales sin mayor explicación.

El 12 de febrero de 2014 el canal colombiano de noticias NTN24 fue sacado del aire por transmitir los sucesos en Caracas tras las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro

Conatel calificó esto como “promoción de la violencia”. En febrero de 2017 el Gobierno ordenó bloquear y censurar la señal de CNN en español por haber difundido un reportaje en el que denunciaban la existencia de una red de venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de países de Oriente Medio por altos montos de dinero.

El 15 de junio el canal ULA TV salió del aire luego de una inspección de Conatel que duró alrededor de 12 horas. La comisión alegó que la documentación no estaba completa, aunque el canal había hecho la solicitud en el 2011 y nunca recibió respuesta. En el procedimiento también fueron confiscados los equipos, según Espacio Público.

CENSURA EN LA PRENSA

En el año 2013 el Gobierno suspendió las importaciones independientes de papel y las centralizó en la Corporación Maneiro, que impone obstáculos burocráticos, dilata las ventas y no distribuye el producto entre todos los medios de comunicación. Los periódicos críticos al régimen se han visto afectados.

En tan solo tres años siete medios han salido de circulación indefinidamente por falta de material y 20 de manera temporal (nueve de ellos solo en el 2016)

A raíz de la escasez de papel y de las presiones por parte del Gobierno para atemperar el contenido político, algunos medios de comunicación han sido vendidos. Es importante destacar que en la mayoría de los casos no se tiene certeza sobre quiénes son los dueños. En una entrevista realizada por Runrunes, José Luis Basanta, consejero delegado de Epalisticia (empresa que adquirió el diario El Universal) dijo que no podía revelar quiénes eran los inversionistas ni cuál había sido el monto de la compra.

La venta de medios ha traído consigo cambios en las políticas editoriales e incluso despidos de periodistas por trabajos que no complacen al régimen. La periodista Ahiana Figueroa fue despedida del Grupo Últimas Noticias por su participación en los Papeles de Panamá, una filtración de documentos de la firma Mossack Fonseca que revela la evasión tributaria y el encubrimiento de propiedades, empresas, activos y ganancias por partes de distintos líderes (algunos funcionarios venezolanos).

CENSURA EN Internet o plataformas web

El uso de VPNs para cambiar las direcciones IP se volvió una práctica común en Venezuela durante las protestas del 2014, tras constantes bloqueos de redes y medios. En octubre de ese año Conatel bloqueó el portal Infobae por haber publicado imágenes del cadáver del diputado Robert Serra.

De acuerdo con un trabajo periodístico publicado en la página informativa runrun.es, Conatel elaboró informes técnicos para identificar y localizar a ocho usuarios de Twitter que luego fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)

El hecho ocurrió entre el 22 de agosto y el 15 de octubre del 2015. Los tuiteros habían sido señalados anteriormente por Diosdado Cabello en su programa de televisión “Con el mazo dando”. El entonces presidente de la AN los acusó de instigar a la violencia a través de las redes sociales.

En junio del 2016 el Tribunal Supremo de Justicia prohibió a los medios de comunicación de Venezuela (especialmente a LaPatilla.com y a CaraotaDigital.com) difundir imágenes de los linchamientos a los presuntos delincuentes en flagrancia. La sentencia 426 de título TSJ condena linchamientos por contrariar la convivencia social, la condición humana y el Estado de Derecho explica que la reseña de estos hechos noticiosos crea “zozobra e incertidumbre en la población”.

Según un estudio de IPYS Venezuela, entre 2015 y 2017 han sido bloqueadas por los proveedores de servicio de internet al menos 372 direcciones a portales web y 43 dominios. 44% corresponde a páginas relacionadas con los precios del dólar negro, 19% con medios de comunicación y 12% con blogs críticos al gobierno.