No más Censura - No Más Dictadura
1261
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1261,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

*Información actualizada el 17/08/2017

Según el artículo 58 de la Constitución, la comunicación es libre y plural. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura. A pesar de ello, 227 periodistas venezolanos admitieron haber bordeado la autocensura en el año 2015. Además, solo en 2017 se han registrado 800 violaciones a la libertad de expresión, que incluyen intimidación a periodistas, agresiones, censura, procesos administrativos, entre otros. Esto es solo una consecuencia de la escalada de acciones legales que el Estado ha llevado en contra de periodistas y medios de comunicación: 71 entre 2002 y 2016.

Acceso a la información

Aunque en Venezuela no existe una ley que regule exclusivamente el derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública, según la ONG Transparencia Venezuela en las normativas vigentes se contabilizan 12 marcos legales que abordan el tema, además de la Constitución, los códigos de Justicia Militar, de Ética del Periodista y de Procedimiento Civil.

En estas normativas se indica la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos de rendir cuentas sobre sus acciones de forma transparente.

En la práctica esto no se cumple. En el 2016 la ONG Espacio Público puntualizó el problema de acceso a la información únicamente en temas de salud, suministro de agua y arco minero. Se contabilizaron al menos 10 casos en los que la organización y las comunidades enviaron cartas a las autoridades competentes para obtener respuestas concretas sobre la escasez de medicinas, los programas y avances en materia de salud sexual y reproductiva, las fallas en el suministro y la mala calidad del agua y los estudios de impacto ambiental que deben realizarse para concretar el proyecto del arco minero. Ninguna de las solicitudes obtuvo respuesta.

Un claro ejemplo de esto ocurrió en el marco de la Consulta Popular del 16 de julio de 2017. Las organizaciones que forman parte de la Alianza por la Libertad de Expresión denunciaron que el pasado 13 de julio Conatel ordenó a los medios de comunicación que se abstuvieran de hacer referencia la consulta popular que tuvo lugar el 6 de julio de 2017. Entre otras cosas se le prohibió a medios radioeléctricos calificar como “plebiscito” o “consulta popular” la actividad, así como fomentar su participación en ella. 

Esta acción estuvo acompañada de la amenaza de revocar la concesión a los medios que no acataran esta orden ilegal, lo que representa un acto de censura no justificada y una violación a la libertad de expresión tanto de los medios –quienes tienen derecho a informar– como de los ciudadanos quienes tienen el derecho a recibir información veraz, imparcial y oportuna.

En el contexto de la realización de la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente del 30 de julio de 2017 ocurrieron diversos abusos contra la prensa. La censura alrededor del proceso inició el día 27 de julio con la denegación de credenciales a medios locales y el 28 Venezuela negó la entrada al país al periodista argentino Jorge Lanata.

El 29, el día anterior a la jornada, la presidenta del CNE, rectora Tibisay Lucena, anunció que los medios de comunicación no podrían pasar del perímetro de seguridad de 500 metros alrededor de cada centro de votación. 

Todas estas denuncias fueron respaldadas por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en un comunicado hecho público “hace un llamado al Estado venezolano a garantizar los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

Agresiones y detenciones a periodistas

El 18 agosto de 2016 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron a los periodistas Andreína Flores y Jorge Luis Pérez Valery por grabar en un área perteneciente al “corredor presidencial”. Los periodistas, despojados de sus documentos, fueron trasladados hasta Fuerte Tiuna para rendir declaraciones.

El número de agresiones a periodistas ha incrementado desde el mes de abril de 2017, cuando se iniciaron protestas contra el régimen de Nicolás Maduro

El 31 de mayo fueron agredidos seis reporteros gráficos de distintas agencias y medios durante la cobertura de una manifestación en la autopista Francisco Fajardo a la altura de Altamira. Entre las víctimas estuvo Francisco Bruzco, de Crónica Uno, quien fue robado por funcionarios de la GNB.

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), entre el 31 de marzo y el 24 de junio de 2017 agredieron a 376 trabajadores de prensa. 238 de esos casos fueron documentados y 170 fueron perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado. Además, se contabilizaron 33 detenciones ilegales en el mismo período.

Entre el 20 y el 27 de julio se evidenció un incremento en las agresiones a trabajadores de la prensa, enmarcadas en una nueva etapa de protestas de calle que, además de marchas y concentraciones, ha incluido dos paros cívicos y huelga general de trabajadores.

Según la ONG Espacio Público, durante el primer paro cívico, ocurrido el 20 de julio, ocurrieron 20 violaciones al derecho a la libertad de expresión, donde se contabilizaron 16 víctimas. En 4 de estos casos, los victimarios fueron manifestantes, en el resto fuerzas de seguridad pública (incluyendo 3 detenciones arbitrarias).

Posteriormente, en la manifestación convocada por la MUD hacia el TSJ el sábado 22, resultaron heridos 6 periodistas de distintos medios producto de la represión desmedida de los cuerpos gubernamentales. Estas agresiones ocurrieron en Bello Campo, Caracas.

El 26 de julio, primer día del paro cívico de 48 horas se registraron 5 casos y 8 violaciones del derecho a la libertad de expresión, una de las víctimas solicitó no ser identificada. Uno de estos casos fue la detención de dos periodistas y la agresión a otros dos en el Zulia, estos profesionales forman parte del equipo de la diputada Desiree Barboza.

Censura

Censura en Radio

En Agosto del 2009 Conatel sacó del aire a 34 emisoras de radio. El entonces presidente de la comisión, Diosdado Cabello, reconoció que la medida respondía a las órdenes del presidente Hugo Chávez: “Recibimos la instrucción del comandante de acabar con el latifundio radioeléctrico, el latifundio mediático, y lo vamos a hacer.

(…) Si la oligarquía no cede en sus privilegios por las buenas, el pueblo la va a obligar por las malas. Y en este caso, en Venezuela el pueblo es el Gobierno”.

Para ese momento operaban 472 estaciones en el país. 79 eran propiedad del Estado y 243 eran comunitarias. Entre estas últimas, 59% transmitían en frecuencia modulada y 51% en onda media y formaban parte de alguna cadena de radio. La más grande de todas pertenecía al Estado: Radio Nacional de Venezuela, que agrupaba a 73 emisoras.

Con el paso de los años se ha mantenido la censura y la persecución contra los dueños de medios que manifiestan posturas políticas disidentes al régimen, mientras el Gobierno mantiene el verdadero monopolio de los medios y cercena el derecho a la información.

A lo largo del año 2017, Conatel ha cerrado un total de 49 emisoras de radio a lo largo de todo el país. Entre ellas se encuentran medios de Falcón, Cojedes, Yaracuy, Lara, Táchira, Zulia y Miranda, incluyendo la 92.9 FM Tu FM y Nueva Mágica 99.1 FM. En la gran mayoría de los casos, el argumento del gobierno es el fin de la concesión y suelen venir acompañados de confiscación de los equipos.

CENSURA EN Televisión

En mayo del 2007 salió de las pantallas RCTV, el canal más antiguo de Venezuela para el momento. La decisión la tomó el entonces presidente Hugo Chávez y se debió a la postura política tomada por la televisora durante el golpe de Estado del año 2002. A partir de entonces se redujo la competencia en la televisión venezolana e incrementaron los controles por parte de Conatel. Solo en el mes de enero de 2010 fueron sacados de las cableras seis canales sin mayor explicación.

El 12 de febrero de 2014 el canal colombiano de noticias NTN24 fue sacado del aire por transmitir los sucesos en Caracas tras las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro

El 24 de agosto, el gobierno obligó a las cableoperadoras a sacar del aire Caracol Televisión, otro canal colombiano cuya señal llegaba a todas el país gracias a los servicios privados de difusión.

Conatel calificó esto como “promoción de la violencia”. En febrero de 2017 el Gobierno ordenó bloquear y censurar la señal de CNN en español por haber difundido un reportaje en el que denunciaban la existencia de una red de venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de países de Oriente Medio por altos montos de dinero.

El 15 de junio el canal ULA TV salió del aire luego de una inspección de Conatel que duró alrededor de 12 horas. La comisión alegó que la documentación no estaba completa, aunque el canal había hecho la solicitud en el 2011 y nunca recibió respuesta. En el procedimiento también fueron confiscados los equipos, según Espacio Público.

En un nuevo caso, ocurrido en el contexto de la elección del 30 de julio para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, el mismo Nicolás Maduro ha atacado a Venevisión y Televen por –supuestamente– censurar el proceso electoral. “Pido explicaciones públicas a los dueños de Venevisión y Televen, ¿Están comprometidos con la Constitución y la democracia o tendremos que tomar decisiones severas con ustedes?”, amenazó Maduro durante un evento en el Consejo Nacional Electoral el 1 de agosto. 

El 11 de agosto de este mismo año, luego de múltiples amenazas de Nicolás Maduro, Conatel inició un proceso administrativo contra los dos canales antes mencionados por no dar la cobertura que deseaban al proceso de elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Funcionarios informaron que dicha sanción podría conllevar ciertas medidas cautelares.

CENSURA EN LA PRENSA

En el año 2013 el Gobierno suspendió las importaciones independientes de papel y las centralizó en la Corporación Maneiro, que impone obstáculos burocráticos, dilata las ventas y no distribuye el producto entre todos los medios de comunicación. Los periódicos críticos al régimen se han visto afectados.

En tan solo tres años siete medios han salido de circulación indefinidamente por falta de material y 20 de manera temporal (nueve de ellos solo en el 2016)

A raíz de la escasez de papel y de las presiones por parte del Gobierno para atemperar el contenido político, algunos medios de comunicación han sido vendidos. Es importante destacar que en la mayoría de los casos no se tiene certeza sobre quiénes son los dueños. En una entrevista realizada por Runrunes, José Luis Basanta, consejero delegado de Epalisticia (empresa que adquirió el diario El Universal) dijo que no podía revelar quiénes eran los inversionistas ni cuál había sido el monto de la compra.

La venta de medios ha traído consigo cambios en las políticas editoriales e incluso despidos de periodistas por trabajos que no complacen al régimen. La periodista Ahiana Figueroa fue despedida del Grupo Últimas Noticias por su participación en los Papeles de Panamá, una filtración de documentos de la firma Mossack Fonseca que revela la evasión tributaria y el encubrimiento de propiedades, empresas, activos y ganancias por partes de distintos líderes (algunos funcionarios venezolanos).

CENSURA EN Internet o plataformas web

El uso de VPNs para cambiar las direcciones IP se volvió una práctica común en Venezuela durante las protestas del 2014, tras constantes bloqueos de redes y medios. En octubre de ese año Conatel bloqueó el portal Infobae por haber publicado imágenes del cadáver del diputado Robert Serra.

De acuerdo con un trabajo periodístico publicado en la página informativa runrun.es, Conatel elaboró informes técnicos para identificar y localizar a ocho usuarios de Twitter que luego fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin)

El hecho ocurrió entre el 22 de agosto y el 15 de octubre del 2015. Los tuiteros habían sido señalados anteriormente por Diosdado Cabello en su programa de televisión “Con el mazo dando”. El entonces presidente de la AN los acusó de instigar a la violencia a través de las redes sociales.

En junio del 2016 el Tribunal Supremo de Justicia prohibió a los medios de comunicación de Venezuela (especialmente a LaPatilla.com y a CaraotaDigital.com) difundir imágenes de los linchamientos a los presuntos delincuentes en flagrancia. La sentencia 426 de título TSJ condena linchamientos por contrariar la convivencia social, la condición humana y el Estado de Derecho explica que la reseña de estos hechos noticiosos crea “zozobra e incertidumbre en la población”.

Según un estudio de IPYS Venezuela, entre 2015 y 2017 han sido bloqueadas por los proveedores de servicio de internet al menos 372 direcciones a portales web y 43 dominios. 44% corresponde a páginas relacionadas con los precios del dólar negro, 19% con medios de comunicación y 12% con blogs críticos al gobierno.