No más Escasez - No Más Dictadura
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*Información actualizada el 17/11/2017

Según la OMS la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social que está contemplado como una obligación del Estado en el artículo 83 de la Constitución. Sin embargo, datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida Venezuela 2016 (ENCOVI) reflejan que 93,3% de los hogares venezolanos no cuentan con ingresos suficientes para costear una alimentación completa. Aunado a ello, la escasez de medicamentos e insumos alcanza el 85% según datos de la Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven).

Desabastecimiento

Más de 4 millones de venezolanos sufren de desnutrición, según el informe de septiembre 2017 de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La institución estima que el 13% de la población padece de “subalimentación”, en otras palabras, lo que come no es suficiente para satisfacer la demanda mínima de energía alimentaria.

De acuerdo con cifras de Unicef, actualmente en Venezuela 12.7% de los niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica. La nutricionista y experta en seguridad alimentaria Susana Raffalli sostiene que hasta 5% es “aceptable”, de 5 a 10% es alarmante, entre 10 y 15% es crisis y cuando alcanza 30% en términos alimentarios se trata de hambruna. La organización Cáritas de Venezuela reporta una tendencia al aumento de 0,8 a 1 punto por mes.

Esto quiere decir que si no se atiende la situación, el país sufrirá hambruna aproximadamente en un año y medio.

ENCOVI determinó que el patrón de compra del venezolano cambió con el desplazo del pollo y la carne por tubérculos y hortalizas. 23,8% de la muestra consideró su alimentación como monótona mientras la mayoría la catalogó como deficiente. Las conclusiones arrojaron que 9,6 millones de venezolanos comen dos o menos comidas al día y 74.3% asegura haber perdido entre 8,7 y 9 kilos de manera descontrolada durante el año.

La mala alimentación es una consecuencia directa de las regulaciones de productos de la canasta básica que han generado un mercado paralelo en el que los bienes son ofrecidos por triple del valor oficial. Como solución, el gobierno de Nicolás Maduro creó Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), a los que se destina 50% de la producción agroindustrial desde octubre del 2016.

Según la ONG Provea, los CLAP son instrumentos de discriminación política, pues no incluyen a todos los consejos comunales y por lo tanto no distribuyen los alimentos equitativamente entre los venezolanos. El criterio para asignar las cajas de comida o no es la tendencia política de cada zona.

El desabastecimiento también afecta a los negocios. Solo en Nueva Esparta cerraron 230 locales comerciales entre los meses de noviembre y diciembre del 2016. Más de 40% de las empresas califica su situación como negativa, apuntando que 24% de los problemas que enfrentan se refieren a la inflación. El resto de los problemas son referidos al difícil acceso de divisas y materia prima.

El artículo 305 de la Constitución sostiene que el Estado debe garantizar la seguridad alimentaria de la población mediante la disponibilidad suficiente y estable de alimentos y el acceso oportuno y permanente a éstos. Este derecho humano genera una serie de obligaciones para el Estado que deben ser cumplidas sin limitaciones, de forma progresiva y utilizando el máximo de sus recursos disponibles. 

CRISIS DE SALUD

El sector salud atraviesa una situación complicada. 34% de los ciudadanos ha decidido optar por los servicios médicos privados, algo inédito en Venezuela. Los servicios ambulatorios y las clínicas populares han sufrido una reducción de 6%. Los medicamentos para la trata del VIH (como zidovudina, raltegravir y kaletra) y otras infecciones han desaparecido casi por completo.

Según el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, la escasez de insumos en los hospitales es de 98%

En agosto del 2016 la organización Médicos por la Salud hizo seguimiento a 242 hospitales en 23 estados del país. Identificaron 95% de fallas severas o paralización de los laboratorios. En 63.64% de los servicios pediátricos del país no existe fórmula láctea para los recién nacidos y la escasez del material médico quirúrgico es de 81%.

41,5% de los pabellones no funcionan y en 69% de los hospitales hay fallas de agua. El servicio de nutrición presenta fallas en 70,97% de los casos, mientras en 14,52% no existe (los pacientes no reciben alimentos del hospital y deben llevarlos ellos mismos).

El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, ha denunciado en múltiples ocasiones la crisis hospitalaria en Venezuela. Sin embargo, no ha obtenido respuestas ni acciones concretas por parte del Ministerio de Salud: “El gobierno sabe lo que está pasando con los hospitales porque los dirigen. Toda la red pública está en bancarrota, lo que se traduce en una crisis sanitaria y asistencial”, dijo.

34,8% de las camas hospitalarias están inoperativas, mientras que 21,9% camas de servicio no están disponibles. 

Por otro lado, la Federación Farmacéutica Venezolana ha alertado sobre el riesgo de cierre de 3.700 (85%) farmacias independientes en todo el país si el Gobierno no reconoce sus estructura de costos. La creciente escasez de insumos médicos en farmacias y hospitales de Venezuela llevó a la Asamblea Nacional a declarar una crisis humanitaria de salud en el año 2016.

Aunque no se tienen cifras oficiales sobre cuántas personas han muerto en Venezuela por escasez de medicinas, según la Sociedad Médica de la Maternidad Concepción Palacios en ese hospital muere un promedio de 28 bebés al mes, mientras el VIH deja un saldo de 2500 muertes anuales por complicaciones y falta de antirretrovirales.

Un terrible ejemplo del impacto de la crisis hospitalaria en la salud de los pacientes es la situación de los pacientes de la unidad de hemodiálisis del Hospital de Niños J. M. de los Ríos. Según los registros que maneja la ONG Prepara Familia, se contabilizan 12 pacientes nefrópatas del hospital infantil cuyas vidas se apagaron en los nueve meses que van de 2017 producto de infecciones u otras complicaciones adquiridas en la unidad de hemodiálisis. 

El último caso registrado fue el de Cristhian Malavé, quien falleció el miércoles 13 de septiembre producto de un para respiratorio luego de enfrentar complicaciones producto de una infección sufrida en la unidad. 

Por su parte, el Ministerio Público ejerció una acción de protección, con el objeto de garantizar los derechos a la vida y a la salud de los niños, niñas y adolescentes que reciben tratamiento sustitutivo renal que no ha sido atendida por el Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Esto se suma a la profunda escasez de insumos, personal y repuestos que sufre el J. M. de los Ríos, el único hospital de niños del país. Situación que, según Cepaz y otras organizaciones, ha generado que muchos pacientes deban conseguir insumos y realizarse exámenes en instituciones privadas, lo que atenta al derecho de los venezolanos a recibir servicios de salud gratuitos y de calidad.

Entre octubre y noviembre de 2017 se disparó una nueva crisis en el sector de la salud, la escasez de medicamentos inmunosupresores necesarios para el tratamiento de los trasplantes de órganos. Para noviembre de 2017 escasean 5 de los 6 medicamentos que necesitan los trasplantados para sobrevivir, y ya esta situación ha cobrado 2 víctimas solo en el mes previamente referido: Yamilexi Reyes y Belkis Solórzano, ambas pacientes de trasplante de riñón. 

A la grave escasez de medicinas e insumos se le suma una alarmante crisis: la falta de vacunas para proteger a los venezolanos de enfermedades contagiosas. Alejandro Rísquez, pediatra y epidemiólogo, afirma que en estos momentos no hay vacunas BCB, pentavalente ni rotavirus en el sector público y tampoco en el privado.

“Exhortamos al gobierno nacional a que traiga y coloque las vacunas porque las enfermedades prevenibles están disparadas. Las enfermedades que se habían erradicado están resurgiendo y esta es otra causa para que aumente la mortalidad tanto de niños como de adultos”, comentó Rísquez en entrevista en El Universal en julio de 2017.

Por otra parte, en el país han surgido en 2017 dos epidemias de enfermedades que habían sido erradicadas o controladas. Se trata de la difteria y de la malaria. La primera no ha sido controlada a causa de la escasez de vacunas y se ha extendido por todo el territorio nacional cobrando ya sus primeras víctimas, aunque no se manejan cifras oficiales pues el gobierno ha mantenido absoluto hermetismo con respecto a esta problemática.

La otra epidemia que ha surgido este año se trata de la malaria, enfermedad erradicada en el país el siglo pasado y en cuyo combate Venezuela estuvo por muchos años en la vanguardia. Solo en el estado Bolívar se han detectado más de 200.000 casos de esta enfermedad que se trasmite a través del mosquito aedes aegypti, y al igual que con las demás crisis de salud que conviven en el país, los medicamentos necesarios para combatirla no se encuentran.

La Constitución sostiene en su artículo 83 que el derecho a la salud es fundamental y, por lo tanto, es una obligación del Estado garantizarlo como parte del derecho a la vida de cada uno de sus ciudadanos. El Estado está en la obligación de crear un sistema público nacional en el cual se le garantice a las personas “un tratamiento oportuno a sus enfermedades” y que a su vez, está debidamente financiado para que de tal manera cumpla con los objetivos de la política sanitaria del país.

En este mismo contexto, el Comité DESC en su Observación General No. 14 señala que este derecho humano se compone por una serie de elementos esenciales que son de obligatoria aplicación por parte de los Estados según las condiciones en las que se encuentre. 

Regulación de precios

El sistema de regulaciones de precios tiene una larga historia en Venezuela. En el 2014 se afianzó aún más con la publicación de la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ). La normativa desarrolla la regulación general de precios, costos y ganancias máximas, para así promover el “orden público socialista consagrado en el Plan de la Patria”.

Se aplica a todas las empresas, públicas o privadas, y contiene sanciones para quienes “especulen”.

Según el profesor Jorge Ignacio Hernández la Ley Orgánica de Precios Justos insiste en el ideal de solucionar problemas económicos a través de un sistema general de control de precios, sin atender por ello a la causa verdadera de esos problemas y además retarda el desarrollo de actividades económicas, afectando la oferta de bienes y servicios.

Tres años después de su creación, la LOPJ no ha logrado su objetivo de “defender” a los consumidores y usuarios. Por el contrario, ha presionado a empresarios, quienes han tenido que cerrar las puertas de sus negocios por falta de rentabilidad. Según el primer vicepresidente de Consecomercio, Alfonso Riera, en Venezuela han desaparecido más de 500 mil empresas en los últimos 20 años debido a las múltiples complicaciones para ejercer la actividad empresarial. Esto ha generado que en la actualidad haya 85% de escasez de medicinas y 82,8% de desabastecimiento en alimentos.

De hecho, la regulación de los precios solo empeora esta situación y genera aumento en los precios de los productos. Este fenómeno se puede observar en el registro mensual de la canasta básica alimentaria que lleva el CENDA (Centro De Documentación y Análisis) de la Federación Venezolana de Maestros. Según la organización, los productos alimentarios que debe consumir una familia de 5 miembros en un mes costaban un total de Bs. 2.681.464,22 en septiembre de 2017.

Esto representa un aumento de más del 100% con respecto al mes de junio, donde la canasta alcanzó los Bs. 1.229.698, y un aumento de más de Bs. 2.000.00.000 con relación a enero, cuando el CENDA reportó el indicador en 621.106,98 bolívares. 

Preocupante índice de la población que come de la basura

Obtener alimentos mediante la compra en mercados se ha hecho cada vez más cuesta arriba. Actualmente los venezolanos recurren cada vez más a los “bachaqueros” que venden los productos con sobreprecio, a los trueques, a pedir comida a familiares y hasta a comer de la basura.

Las alternativas no siempre son seguras. Un estudio de Cáritas de Venezuela realizado en cuatro estados del país registró que 8% de los hogares que se ven en crisis comen de las sobras de restaurantes y de la basura, mientras que 3% de ellos se dedica a pedir comida en las calles y a sobrevivir con ayuda de la Iglesia.

La Constitución en su artículo 305 señala que el Estado deberá garantizar el derecho a la alimentación mediante la disponibilidad suficiente y el acceso oportuno y permanente de alimentos a toda la población.


Añade la FAO que en el caso de las situaciones de urgencia de un país, el cumplimiento de este derecho humano no puede relajarse y por ende, los Estados deberán, por sus propios medios, ofrecer una asistencia alimentaria inmediata a las personas vulnerables y, de no ser posible, acudir a la cooperación internacional para evitar violaciones graves a este derecho.