No más Represión - No Más Dictadura
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*Información actualizada el 21/07/2017

Con un Estado de Excepción indefinido y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la oposición lleva más de 100 días convocando a manifestaciones, exigiendo al Estado el restablecimiento de la institucionalidad democrática y una mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos. Según el OVCS, entre el 1 de abril al 31 de mayo se realizaron diariamente 30 protestas en todo el país. Estas manifestaciones fueron criminalizadas y reprimidas violentamente por el Estado, que incurrió en numerosas violaciones a los derechos humanos.

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Uso abusivo de la fuerza en manifestaciones

La represión aumentó significativamente desde el 18 de abril de 2017, cuando Nicolás Maduro activó el Plan Zamora. Este plan habilita acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y civiles armados y los faculta para tomar acciones en cuanto a la garantía del orden público y demás ámbitos de su interés.

Desde el 6 de abril hasta el 13 de junio, el OVCS documentó alrededor de 88 muertes y más de 1000 heridos

Además de numerosas denuncias por robos y saqueos durante las manifestaciones. Sin embargo, el Ministerio Público solo reconoció 70 de esas 88 muertes durante las protestas y muchas otras violaciones por parte de funcionarios siguen impunes.

El 27 de junio la CIDH emitió un comunicado en el que condenó los operativos adelantados por fuerzas de seguridad del Estado ante una escalada en la situación de violencia que se viene registrando en el país desde el mes de abril de 2017 e hizo un llamado a las autoridades venezolanas a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y cesar de manera inmediata las medidas represivas.

Nuestra Constitución garantiza el derecho a la manifestación pacífica en su artículo 68. Además, el art. 47 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones precisa que las autoridades no podrán obstaculizar, interrumpir o perturbar de alguna forma la celebración de una manifestación.

Durante 110 días se han registrado más de 4.182 protestas. 96 venezolanos han sido asesinados en el marco de estas manifestaciones y resultaron heridas más de 15.000 personas.

Uso de armas de fuego para controlar manifestaciones

Por otro lado, la organización Espacio Público reportó el lanzamiento directo de municiones a los cuerpos de civiles

Evidenciando una clara intención de herirlos. Según la misma ONG, las redes sociales también documentaron episodios en los que francotiradores con uniformes públicos y civiles armados dispararon contra manifestantes. Incluso el diputado Juan Andrés Mejía denunció, el 24 de mayo, el uso de armas de fuego y fuegos artificiales como métodos de represión en Bello Monte, Caracas.

Sobre el empleo de armas de fuego durante las protestas, los estándares internacionales son bastante claros al determinar que la regla general es el uso de medios no violentos y la excepción es el uso de la fuerza y armas de fuego, pero únicamente cuando sea inevitable por no existir otro medio que pueda remediar la situación.

Aunque los funcionarios puedan hacer uso de armas de fuego, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley sostienen que deberán reducir al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán en todo momento la vida humana.

Uso de helicópteros

Algunos manifestantes han dado testimonio de helicópteros de la PNB lanzando desde lo alto bombas lacrimógenas. Según lo recopilado por Efecto Cocuyo, un líder estudiantil denunció un ataque el 6 de abril en la Autopista Francisco Fajardo y el 8 del mismo mes una residente de Bello Monte vio cómo caía gas desde la aeronave.

Días después se viralizaron vídeos con hechos similares en los que aparecen Richard Blanco y Henrique Capriles

Por su parte, el Ministerio del Poder Popular de Interior, Justicia y Paz negó tales acusaciones vía Twitter, alegando que el uso de los helicópteros es netamente informativo y que está prohibido lanzar objetos desde ellos, asegurando que las acusaciones son “producto de grupos de desinformación y desestabilización”.

Lanzar bombas lacrimógenas desde un helicóptero no es una estrategia a emplear contra manifestaciones pacíficas, ni para proteger a quienes protesten ni para garantizar el orden público. Por esta razón estamos ante la actuación arbitraria de algunos funcionarios del Estado que deben ser inmediatamente investigados por el Ministerio Público y sancionados por un juez penal.

Detenciones arbitrarias

La organización PROVEA sostiene que con la activación del Plan Zamora las fuerzas de seguridad han implementado nuevas tácticas en sus actuaciones como la dispersión antes de la movilización y la persecución con unidades motorizadas, cámaras y drones para capturar las caras de manifestantes; allanamientos ilegales y trabajos de inteligencia para identificar a miembros de “La Resistencia”.

Los detenidos que han resultado de tales operaciones han sido puestos a la orden de tribunales militares

Violando los artículos 49 y 261 de la Constitución que postulan que la jurisdicción penal militar no es competente para decidir sobre los derechos de un civil en un proceso penal

Durante los primeros 110 días de protesta se registraron 4.072 arrestos y 1.007 detenciones. 479 civiles han sido presentados ante tribunales militares en el marco de las protestas.

En este caso debemos ser contundentes: son los militares los que se introducen en el mundo civil, no al revés. Los civiles no pueden cometer delitos militares al actuar en su entorno natural y manifestar en las calles.

Juzgar a los detenidos ante tribunales militares es otra arbitrariedad que viola el principio del juez natural y el del debido proceso, ya que los tribunales militares únicamente podrán ser competentes para conocer de delitos militares, tal como señala el art. 261 de nuestra Constitución. El principio que debemos rescatar es que los civiles debemos ser juzgados por tribunales civiles.

Persecuciones

En los últimos meses la represión y persecución contra manifestantes de la oposición se ha recrudecido, sobre todo luego de la designación del General Gustavo González como conductor de las labores del “Comando Especial de Seguridad Antiterrorista”.

Redadas con las OHLP, allanamientos y detenciones arbitrarias son algunos de los antecedentes del General, quien es el actual director del SEBIN

La represión y el hostigamiento no solo se limitan a la detención de manifestantes, sino que ha llegado a métodos mucho más elevados de intimidación como la instalación de tribunales militares para juzgar a detenidos y el ataque a residencias privadas durante altas horas de la noche, sobre todo en zonas del municipio Libertador, donde está prohibida la protesta opositora. Este patrón se ha visto también en otras ciudades del país, como Barquisimeto y Maracaibo, con lo que se pone en evidencia que se trata de una política de Estado.

Un caso reciente es el de las Residencias El Paraíso. El martes 13 de junio funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) ingresaron a los edificios mejor conocidos como “Los Verdes” sin orden de allanamiento y causaron daños en los ascensores, en los vidrios de algunos vehículos y en los portones. Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, alegó que en la operación se detuvo a 23 “terroristas”. El hecho se dio en medios de protestas contra el Gobierno que se venían registrando en El Paraíso.

Desapariciones forzosas

Según la Corte Penal Internacional, se entiende por desaparición forzada la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa de informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado.

La ONG Cofavic sostiene que las detenciones de Yon Goicoechea y Braulio Jatar, ambos aprehendidos en procedimientos practicados por el Estado venezolano, podrían configurar el crimen de desaparición forzada.

El dirigente del partido Voluntad Popular Yon Goicoechea fue detenido en agosto del 2016 por el Sebin. De su aprehensión se supo a través de denuncias e informes extraoficiales, ya que en principio ningún vocero del Estado la confirmó. Tres días después su abogado anunció que el político había sido acusado de posesión de material explosivo que presuntamente iba a ser usado en la marcha del 1 de septiembre y que permanecería bajo prisión.

El director del portal web Reporte Confidencial Braulio Jatar fue apresado el jueves 2 de septiembre de 2016 por reportar los hechos de Villa Rosa, Nueva Esparta, donde un grupo de residentes caceroleó a Nicolás Maduro. Durante el sábado y el domingo sus familiares denunciaron la imposibilidad de comunicarse con el periodista. Su paradero fue confirmado por Alfredo Romero, director del Foro Penal.