No más Represión - No Más Dictadura
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*Información actualizada el 06/11/2017

Con un Estado de Excepción indefinido y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, la oposición convocó a más de 100 días de manifestaciones, exigiendo al Estado el restablecimiento de la institucionalidad democrática y una mejora en la calidad de vida de sus ciudadanos. Según el OVCS, entre el 1 de abril al 31 de mayo se realizaron diariamente 30 protestas en todo el país. Estas manifestaciones fueron criminalizadas y reprimidas violentamente por el Estado, que incurrió en numerosas violaciones a los derechos humanos.

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Uso abusivo de la fuerza en manifestaciones

La represión aumentó significativamente desde el 18 de abril de 2017, cuando Nicolás Maduro activó el Plan Zamora. Este plan habilita acciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) y civiles armados y los faculta para tomar acciones en cuanto a la garantía del orden público y demás ámbitos de su interés.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, desde el 1 de abril se registraron 6.729 protestas en el país (56 al día). Extraoficialmente hubo 163 fallecidos. El Ministerio Público reconoció 129 de estas muertes. Resultaron heridas más de 15.000 personas.

El 27 de junio la CIDH emitió un comunicado en el que condenó los operativos adelantados por fuerzas de seguridad del Estado ante una escalada en la situación de violencia que se viene registrando en el país desde el mes de abril de 2017 e hizo un llamado a las autoridades venezolanas a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y cesar de manera inmediata las medidas represivas.

El 30 de julio la Mesa de la Unidad Democrática convocó a una movilización masiva en todo el país para rechazar la Asamblea Nacional Constituyente. En Caracas la concentración sería en Los Ruices y tendría como puntos de salida Caurimare, Altamira y Santa Fe. En los tres hubo represión, por lo que el diputado Freddy Guevara anunció que se cambiaría de estrategia y se realizaría un “trancazo” nacional.

Según el Foro Penal Venezolano, entre el 29 y el 30 de julio fueron asesinadas directamente en protestas 16 personas, la mayoría por impactos de bala propiciados por los cuerpos de seguridad del Estado o por grupos paramilitares armados. El Ministerio Público reconoció 10 de estas muertes. Resultaron heridas 423 personas.

El lunes 25 de septiembre funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reprimieron a un grupo de jóvenes de la “Resistencia” que cerró el paso en Chacao, como parte de una protesta. Los efectivos arrojaron bombas lacrimógenas y dispararon perdigones en contra de los manifestantes, que se encontraban en la calle Arturo Uslar Pietri aproximadamente a las 5:30 pm.

Nuestra Constitución garantiza el derecho a la manifestación pacífica en su artículo 68. Además, el art. 47 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones precisa que las autoridades no podrán obstaculizar, interrumpir o perturbar de alguna forma la celebración de una manifestación.

La esposa del preso político, Leopoldo López, Lilian Tintori, subrayó que durante las protestas el gobierno utilizó el patrón de disparo hacia la parte superior de los cuerpos de las víctimas. Indicó que durante los 2 períodos de manifestaciones, 37 venezolanos fueron asesinados de tiros en el cuello o en la cabeza por la GNB, PNB, cuerpos policiales estadales y grupos de civiles armados.


Scholars At Risk, organización internacional perteneciente a una red de universidades entre las que se encuentran la ULA y la Universidad Simón Bolívar (USB), se ocupa de monitorear los ataques a las comunidades académicas en todo el mundo. Su informe publicado el 26 de septiembre y que cubre los años 2016-2017, visibiliza la represión a la protesta estudiantil en Venezuela en el marco de unas condiciones cada vez peores en cuanto a garantías democráticas y de respeto a los derechos humanos.


A la ONG le preocupa que en Venezuela haya una respuesta crecientemente violenta y represiva hacia las protestas antigubernamentales, las cuales en su mayoría son dirigidas por los estudiantes que luchan por un mejor futuro y un país de oportunidades. Consideran que este mecanismo es para silenciar la investigación y el discurso, por lo que en el informe resalta que las consecuencias negativas van más allá de los individuos y las instituciones atacadas, sino que también perjudica directamente a los sistemas académicos en su totalidad y a la sociedad en general. El ODH-ULA resaltó que en dichas manifestaciones se cuentan, según la organización, 21 estudiantes muertos


Dicho informe fue dado a conocer en el marco del segundo ciclo del examen periódico universal de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y en el mismo se condena, al igual que ahora, el uso de la violencia y detenciones arbitrarias contra manifestantes pacíficos dentro y fuera de los campus universitarios.


Resaltan que el derecho de libertad académica y autonomía universitaria se ve seriamente comprometido cuando se criminaliza a los universitarios, se detienen injustamente a estudiantes y profesores que además son víctimas de la represión y llevados a juicios militares y se cierran medios de comunicación acordes a los principios democráticos de libertad y pluralidad.

Uso de armas de fuego para controlar manifestaciones

Por otro lado, la organización Espacio Público reportó el lanzamiento directo de municiones a los cuerpos de civiles

Evidenciando una clara intención de herirlos. Según la misma ONG, las redes sociales también documentaron episodios en los que francotiradores con uniformes públicos y civiles armados dispararon contra manifestantes. Incluso el diputado Juan Andrés Mejía denunció, el 24 de mayo, el uso de armas de fuego y fuegos artificiales como métodos de represión en Bello Monte, Caracas.

Sobre el empleo de armas de fuego durante las protestas, los estándares internacionales son bastante claros al determinar que la regla general es el uso de medios no violentos y la excepción es el uso de la fuerza y armas de fuego, pero únicamente cuando sea inevitable por no existir otro medio que pueda remediar la situación.

Aunque los funcionarios puedan hacer uso de armas de fuego, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley sostienen que deberán reducir al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán en todo momento la vida humana.

Detenciones arbitrarias

La organización PROVEA sostiene que con la activación del Plan Zamora las fuerzas de seguridad han implementado nuevas tácticas en sus actuaciones como la dispersión antes de la movilización y la persecución con unidades motorizadas, cámaras y drones para capturar las caras de manifestantes; allanamientos ilegales y trabajos de inteligencia para identificar a miembros de “La Resistencia”.

Los detenidos que han resultado de tales operaciones han sido puestos a la orden de tribunales militares, violando los artículos 49 y 261 de la Constitución que postulan que la jurisdicción penal militar no es competente para decidir sobre los derechos de un civil en un proceso penal

Desde el 1 de abril el Foro Penal ha registrado más de 5300 detenciones. Casi 1000 de estas personas siguen presas. Más de 600 civiles han sido presentados ante tribunales militares y más de 100 personas han sido detenidas con orden de libertad bajo fianza.

En este caso debemos ser contundentes: son los militares los que se introducen en el mundo civil, no al revés. Los civiles no pueden cometer delitos militares al actuar en su entorno natural y manifestar en las calles.

Juzgar a los detenidos ante tribunales militares es otra arbitrariedad que viola el principio del juez natural y el del debido proceso, ya que los tribunales militares únicamente podrán ser competentes para conocer de delitos militares, tal como señala el art. 261 de nuestra Constitución. El principio que debemos rescatar es que los civiles debemos ser juzgados por tribunales civiles.

El 30 de julio, día en el que se llevó a cabo la Asamblea Nacional Constituyente, el Foro Penal confirmó 96 detenciones. La alcaldía del municipio Campo Elías en Mérida fue allanada por la Guardia Nacional Bolivariana y el alcalde Omar Lares fue detenido en su casa. Funcionarios del Plan República detuvieron a la esposa e hijas (menores de edad) del diputado Simón Calzadilla mientras circulaban frente un centro de votación en San Casimiro, estado Aragua.

Un mes después de instalarse la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) contabilizó 49 personas detenidas en Mérida entre el 4 de agosto y el 13 de septiembre.

Según sus investigaciones, los detenidos fueron golpeados durante el traslado, se les imputaron cargos falsos sin flagrancia y no se cumplieron con los procedimientos legales correpondientes. En su mayoría, el motivo de las aprehensiones fue por participar en las protestas, pero para otros no hubo justificación, ya que los jóvenes aseguraron no haber manifestado.

El 25 de septiembre funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron a tres jóvenes que se encontraban en una manifestación en la avenida Francisco de Miranda, a la altura de la calle Élice y la calle Arturo Uslar Pietri. El sábado 23 se había registrado otra manifestación en el mismo lugar y fue dispersada por la Policía de Chacao. La protesta terminó en el centro comercial Sambil. Según El Nacional, ese día detuvieron a varios manifestantes.

El Foro Penal ha denunciado el delicado estado de salud de más de 53 presos políticos con patologías graves, que son obviadas no solo por parte del cuerpo policial custodio del detenido, sino hasta por los mismos tribunales, que simplemente se abstienen de emitir las órdenes para los chequeos de salud o que muchas veces las niegan.

El caso más reciente es el de Tony Real, detenido el 1ero de julio de 2017, acusado de instigación a la rebelión y supuesta sustracción de efectos pertenecientes a las Fuerzas Armadas en Aragua. Fue trasladado a una clínica el 1° de octubre para ser operado de emergencia de la vesícula, y una vez realizada la intervención quirúrgica, sin darle oportunidad a recuperarse, fue devuelto a la cárcel contra las órdenes de los médicos tratantes, peligrando su salud y vida.

Persecuciones

En los últimos meses la represión y persecución contra manifestantes de la oposición se ha recrudecido, sobre todo luego de la designación del General Gustavo González como conductor de las labores del “Comando Especial de Seguridad Antiterrorista”.

Redadas con las OHLP, allanamientos y detenciones arbitrarias son algunos de los antecedentes del General, quien es el actual director del SEBIN

La represión y el hostigamiento no solo se limitan a la detención de manifestantes, sino que ha llegado a métodos mucho más elevados de intimidación como la instalación de tribunales militares para juzgar a detenidos y el ataque a residencias privadas durante altas horas de la noche, sobre todo en zonas del municipio Libertador, donde está prohibida la protesta opositora. Este patrón se ha visto también en otras ciudades del país, como Barquisimeto y Maracaibo, con lo que se pone en evidencia que se trata de una política de Estado.

Un caso reciente es el de las Residencias El Paraíso. El martes 13 de junio funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) ingresaron a los edificios mejor conocidos como “Los Verdes” sin orden de allanamiento y causaron daños en los ascensores, en los vidrios de algunos vehículos y en los portones. Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, alegó que en la operación se detuvo a 23 “terroristas”. El hecho se dio en medios de protestas contra el Gobierno que se venían registrando en El Paraíso.

El 26 de julio funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) allanaron la residencia Vegas del Este 1, ubicada en la calle 50 de Montalbán II, en Caracas. El hecho se dio en medio de un paro nacional de 48 horas convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. Los funcionarios destruyeron espejos y vidrios del edificio mientras buscaban a manifestantes que trancaron las vías públicas.

Lo mismo ocurrió  en otras zonas del país, como en las residencias Palo Verde, estado Miranda. Efectivos militares irrumpieron a la fuerza tras derribar con tanquetas las barricadas instaladas. El Comando Antiextorsión y Secuestro (Conas) tumbó el portón de la urbanización.

El 20 de agosto fue desmantelada la sede del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en el estado Zulia. Delincuentes violentaron el cerco eléctrico y rompieron una ventana de la institución para robar equipos audiovisuales y de prensa.

El secretario general del CNP, Leonardo Pérez, denunció que fueron hurtados los equipos de computación de las áreas de prensa y administración, dejando inoperativa la institución. Los grupos armados se llevaron dos computadoras marca HP, una PC All In One marca Siragon, un televisor LCD marca Sony de 32 pulgadas y un monitor de otra computadora marca HP.

El robo también afectó la operatividad de la Redven (Red Venezolana de Noticias), AsiMismo.com y CNP Zulia Radio, indicó Leonardo Pérez

Luego de que el TSJ le solicitó a la ANC, el 4 de noviembre del 2017, levantar la inmunidad parlamentaria del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, por presunto delito de flagrancia, este pidió la protección de la embajada de Chile en el país, quienes ofrecieron su ayuda luego de escuchar las amenazas del gobierno que podrían “afectar la integridad del diputado”.

 

El mismo día de la acusación, funcionarios del Sebin se presentaron por los alrededores de la residencia de Guevara. Revisaban vehículos que transitaban por la urbanización El Bosque, en frente de la casa del dirigente de Voluntad Popular.

Desapariciones forzosas

Según la Corte Penal Internacional, se entiende por desaparición forzada la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa de informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado.

La ONG Cofavic sostiene que la detención de Yon Goicoechea podría configurar el crimen de desaparición forzada.

El dirigente del partido Voluntad Popular Yon Goicoechea fue detenido en agosto del 2016 por el Sebin. De su aprehensión se supo a través de denuncias e informes extraoficiales, ya que en principio ningún vocero del Estado la confirmó. Tres días después su abogado anunció que el político había sido acusado de posesión de material explosivo que presuntamente iba a ser usado en la marcha del 1 de septiembre y que permanecería bajo prisión.

“Estuvo desaparecido durante 56 horas. Lo pude ver por primera vez el 31 de agosto, pasadas las 5:00 pm, luego de interponer una acción de habeas corpus ante el tribunal”, recordó el abogado defensor Nizar El Fakih, quien agregó que ha ejercido otras cuatro acciones de amparo, entre otras innumerables denuncias. “Las tres primeras acciones de amparo fueron desechadas sin motivación alguna. En diciembre de 2016, ejercimos la cuarta ante la Corte de Apelaciones, y en julio de 2017 la quinta ante el Tribunal Supremo de Justicia. Sobre estas dos últimas, sencillamente, no ha habido respuesta”, precisó El Fakih tras cumplirse un año de la detención de Goicoechea.

La hija del general retirado del Ejército Raúl Isaías Baduel denunció que su padre es víctima de desaparición forzosa por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, quienes lo trasladaron de forma irregular desde la cárcel de Ramo Verde hasta el Sebin de Plaza Venezuela, aunque no han podido verificar su permanencia en “La Tumba”.

El ODH-ULA detectó luego de la instalación de la ANC, entre agosto y septiembre, la desaparición de nueve personas, presuntamente manifestantes, a quienes el Cicpc, les obligó a cancelar altas sumas de dinero y entregar cauchos nuevos para las camionetas de la institución. Una de las víctimas informó que nunca los trasladaron a la sede del Cicpc y fueron liberados, a las horas siguientes, tras cancelar entre 600 mil y un millón de bolívares.

“No tenemos registros precisos, pero sabemos que hay reportes y denuncias de por lo menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados” sin saber si han desencadenado detenciones, indicó la representante de AI.

El informe destaca que hay “evidencia de que, inmediatamente después de las manifestaciones, los cuerpos de seguridad del Estado se dirigían hacia el interior de los edificios y zonas residenciales”.

Pero algunos allanamientos se producían “muchas horas después”, y en unos y otros se incumplía la propia legislación venezolana que exige una orden judicial para los registros domiciliarios.

Por ello, Amnistía Internacional considera “incuestionable” que Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, padece una “crisis inconstitucional”.

Y está “estrechamente ligada a altos niveles de impunidad”, con detenciones arbitrarias, configuración de grupos civiles armados y ahora el allanamiento ilegal a domicilios.

AI concluye que es “imperativo” que el Estado venezolano cese de inmediato los allanamientos y detenga “de forma urgente” la práctica de “uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad”.

 

También solicita que se “investigue y sancione de manera eficiente e imparcial, y por un tribunal civil, las acciones de grupos civiles armados” y a los funcionarios que llevaron a cabo dichos allanamientos.

Organizaciones civiles como Foro Penal, Colegio Nacional de Periodista, el Sindicato Nacional de Periodistas y Espacio Público se han dedicado a denunciar la desaparición del reportero, sin conseguir hasta ahora que algunas de las autoridades venezolanas se pronuncie al respecto.

La desaparición forzada de personas ha sido condenada por casi todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos; por tratarse de uno de los mecanismos de opresión más significativos utilizados por los estados arbitrarios y totalitarios para imponerse.

Por su parte, nuestra Constitución indica expresamente en su artículo 45 que “Se prohíbe a la autoridad pública, sea civil o militar, aun en estado de emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar la desaparición forzada de personas”. Incluso agregar que los funcionarios públicos a quienes se les pida que la practiquen están en el deber desobedecer cualquier orden en ese sentido so pena de incurrir en responsabilidad.

No deja de llamar nuestra atención el hecho de que, esta previsión constitucional haya sido representado una de las novedades progresistas de la Constitución de 1999 y que sin embargo, sea el propio régimen revolucionario el primero en violarlo flagrantemente.