No más Violencia - No Más Dictadura
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*Información actualizada el 06/11/2017

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o la muerte. Con una tasa de 91,8 muertes violentas por cada cien mil habitantes, Venezuela se ubica en el segundo lugar de los países más violentos del mundo, solo superado por El Salvador.

Altos cargos del ejecutivo, cuerpos de seguridad y otros poderes estatales instigando al odio y la confrontación

En medio de la confrontación política en Venezuela, los funcionarios del Gobierno han promovido un discurso de odio en contra de quienes no están de acuerdo con sus políticas.

El diputado del PSUV y conductor del programa “Con el mazo dando”, Diosdado Cabello, ha declarado públicamente que “la oposición no es pueblo” e incluso inició una operación denominada “Tun tun” con el propósito de perseguir a los “disidentes del gobierno” por financiar campañas de “desestabilización” en Venezuela.

La organización Ipys Venezuela ha señalado que la cuenta de Twitter de la oficina de prensa del CICPC (@PRENSACICPC) difundió 112 mensajes a favor de la acusación de manifestantes, del odio y la criminalización de las protestas.

Durante una alocución en Los Próceres el 20 de julio, Nicolás Maduro insultó al dirigente de Voluntad Popular Freddy Guevara y lo tildó de terrorista. “Muchachito estúpido, terrorista imbécil ya tienes una celda con tu nombre”, dijo.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostiene que para reconocer que un discurso incita al odio y a la violencia se requiere analizar, entre otras cosas, el contexto, el orador, la intención, y la extensión del discurso. Es decir, que hay que preguntarse ¿quién es la persona que está dando el discurso y cuál es su estatus en la sociedad?; ¿en qué contexto político y social lo está dando?; ¿cuáles son las intenciones del orador? y ¿cuál es el tamaño de la audiencia a la cual está llegando ese discurso?.

Nuestra Constitución garantiza el derecho a la manifestación pacífica en su artículo 68, además, es el art. 47 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones que precisa que las autoridades no podrán obstaculizar, interrumpir o perturbar de alguna forma la celebración de una manifestación. Estándares internacionales como el PIDCP prohíben tales discursos al señalar en su artículo 20 que:

“Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”

Nuestra Constitución, si bien reconoce en su art. 57 que toda persona puede expresarse libremente, no legitima que esa expresión promueva la instigación al odio y/o al delito. Más bien, precisa el art. 285 del Código Penal que quien instigare a la desobediencia de leyes o al odio entre sus habitantes o hiciera apología de hechos que la ley prevé como delitos, de modo que ponga en peligro la tranquilidad pública, será castigado con prisión de 3 a 6 años.

Dicha ley fue una de las tantas propuestas que llevo el primer mandatario a la ANC durante su participación en el mes de agosto. Estos fueron los aspectos redactados:

Frenar la campaña de odio y de violencia promovida por sectores extremistas de la oposición, que ha generado en los últimos meses hechos vandálicos y un saldo de más de 100 fallecidos y un millar de heridos en las protestas.

Buscar el reencuentro, la reunificación, la armonía y la paz de todos los venezolanos.

Condenar con pena de prisión de entre 15 a 25 años a todas aquellas personas que convoquen a acciones violentas y que generen caos y zozobra en la población.

Erradicar las expresiones discriminatorias político e ideológicas, fascistas, supremacistas y raciales.

Sancionar a aquellos funcionarios que participen directa o indirectamente en acciones de violencia política.

“Ha llegado la hora de superar las campañas de odio, intolerancia, violencia, persecución. Ha llegado la hora de, a través de un gran proceso político, de creación de conciencia y a través de leyes muy severas, castigar los delitos de odio, intolerancia, en todas sus formas de expresión”, expresó Maduro.

Espacio Público sostiene que para profundizar un proyecto de ley, no se debe empezar por el contenido del mismo, sino por la dimensión institucional para determinar: legitimidad constitucional del órgano que propone la regulación, si posee competencia en la materia y cuál es el contexto social en el que se aspira aprobar esa ley.

Su análisis jurídico sobre la “Ley contra el odio, la intolerancia y por la convivencia” está determinado por esa dimensión institucional. Subrayan que el órgano que pretende hacer la regulación (Asamblea Nacional Constituyente) es ilegítimo de origen. Por otra parte, no cuenta con las competencias para discutir y aprobar “leyes”, ya que es una función exclusiva de la Asamblea Nacional.

“Las expresiones públicas de odio, lejos de ser tratadas con la rigurosidad y proporcionalidad necesarias, bajo el principio de menor afectación posible al derecho a la libertad de expresión resultan vaciadas de contenido por la abierta discrecionalidad y el interés político partidista evidente que atraviesa su concepción, desarrollo y pretendida aplicación”.

Así mismo, señalan que la propuesta de regulación no cumple con el test tripartito (legalidad, proporcionalidad y necesidad) debido a su ambigüedad y discrecionalidad, sanciones exorbitantes y pretensión de regular materias cuya discusión compete a la sociedad.

Explican que el artículo 6 de este proyecto prevé una prohibición genérica de mensajes de intolerancia y odio. No se define qué se entiende por odio y se formaliza una cláusula de interpretación abierta para el ente regulador, lo que puede degenerar en decisiones arbitrarias, además de establecer la censura previa.

Igualmente, establece que la difusión de mensajes de odio e intolerancia será causal de revocatoria de la concesión. Ignora el test tripartito de proporcionalidad, legalidad y necesidad de la norma jurídica, que fungen como garantías de rigurosidad y legitimidad de la propuesta.

La lectura conjunta de los artículos 9 y 10 de esta propuesta confirman que la ANC asume la rectoría del problema del “odio” del país, por lo que unilateralmente decide cómo resolverlo, con las personas que designe, bajo sus reglas y ordenando a las instituciones a seguir sus lineamientos en la materia.

Tasa de homicidios

En marzo de 2017 la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, reveló que para el año 2016 fueron asesinadas 21.752 personas. Es decir, que 70,1 de cada 100.000 habitantes perdieron la vida de forma violenta. Esto representa un aumento de 3.974 asesinatos con respecto al 2015. Destacamos que más de la mitad de los asesinados fueron jóvenes entre 15 a 30 años.

El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) presentó unas cifras distintas, al sostener que se estima una tasa de 91,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes y un total de 28.479 fallecidos en todo el país durante el 2016.

Según el OVV, el crecimiento de estas cifras viene dado por el incremento del uso de las armas, la intensificación de la violencia policial y militar (80% de los casos de resistencia a la autoridad tuvieron desenlaces fatales) y enfrentamientos por el desabastecimiento de alimentos y medicinas. Para el 2017 se estiman cifras mayores en todo el país, ya que según datos extraoficiales solo en el mes de enero se registraron 504 muertes violentas en el Distrito Capital.

Según la organización COFAVIC, 98% de los crímenes contra los derechos humanos que ocurren en Venezuela quedan impunes.

Del contexto anterior, se demuestra el incumplimiento por parte del Estado de respetar el derecho a la seguridad ciudadana de los venezolanos contenido en el artículo 55 de nuestra Constitución. Observamos cómo el artículo determina que el Estado está en la obligación de proteger a sus ciudadanos frente a situaciones que amenacen, vulneren o pongan en riesgo la integridad física de las personas, sus propiedades y el disfrute de sus derechos.

La tasa de homicidios venezolana es 11 veces más alta al promedio mundial establecido por las Naciones Unidas, organismo que la sitúa en 6,2 homicidios por cada 100 mil personas. Incluso, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que un rango de asesinatos mayor a una tasa de 10 puede ser considerado como una epidemia

Reducción de la esperanza de vida en Venezuela

La OMS establece que la esperanza de vida en Venezuela es de 74,1 años. Actualmente los venezolanos sufren de mala alimentación por la escasez y el alto costo de la canasta básica, que alcanza el millón de bolívares y representa 15 salarios mínimos según el último informe del Cendas-FMV. Aunado a ello, la organización Ipys Venezuela ya ha registrado 17 casos de niños que murieron por desnutrición en el 2017.

El Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) ha advertido que, aún sin estadísticas precisas, las próximas generaciones de la sociedad venezolana vivirán menos debido al déficit de vitaminas y minerales

Trayendo como consecuencia un aumento de las enfermedades cardiacas, diabetes, obesidad y algunos tipos de cáncer. La falta de medicamentos, que según la Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven) se ubica en 85%, impide la superación de las enfermedades y disminuye la esperanza de vida del venezolano que, además, se enfrenta al aumento de las tasas de homicidio que acaba principalmente con las generaciones más jóvenes.

El art. 112 de la Constitución hace referencia a la obligación que tiene el Estado de garantizar los servicios que sean necesarios para la satisfacción de las necesidades de la población. Ello, entre otras cosas, implica la creación de un sistema nacional de salud pública tal como establece el art. 83 constitucional y la disponibilidad y el acceso a los alimentos según el art. 305 de la misma norma.

El incumplimiento de garantizar estos servicios compromete al Estado venezolano en la violación sistemática de derechos humanos por reducir de forma prolongada la calidad de vida de todos los venezolanos.

Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado viola los derechos humanos al no garantizar unos niveles mínimos para combatir el hambre y las enfermedades, ya sea por falta de capacidad (el Estado no utilizó todos sus recursos para combatir ambos problemas) o de voluntad (solamente lo hizo en determinados sectores de la población).

Situación de las cárceles en Venezuela

Uno de los problemas más grandes en las cárceles y centros de detención del país es el hacinamiento. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la cifra más alta de hacinamiento ha llegado al 1.010%.

El coordinador general de Una Ventana por la Libertad, Carlos Nieto Palma, explicó en un trabajo publicado por El Nacional el 8 de octubre que una de las principales causas del hacinamiento es la clausura de los centros penitenciarios.

“En vez de abrir establecimientos, lo que han hecho es cerrarlos en un contexto donde el hacinamiento es grave. Entre 7 y 8 cárceles han sido desalojadas. Hay estados que incluso se quedaron sin centros de reclusión, como Zulia y Nueva Esparta. Ofrecieron abrirlos meses después y ya han pasado varios años desde entonces”, expresó.

“En vez de abrir establecimientos, lo que han hecho es cerrarlos en un contexto donde el hacinamiento es grave. Entre 7 y 8 cárceles han sido desalojadas. Hay estados que incluso se quedaron sin centros de reclusión, como Zulia y Nueva Esparta. Ofrecieron abrirlos meses después y ya han pasado varios años desde entonces”, expresó.

La OVP señala que en los calabozos policiales conviven más de 33.000 detenidos en espera de juicio cuando las instalaciones solo están diseñadas para tener a una persona por 48 horas.

Sostiene OVP que incluso ha aumentado el crimen en las cárceles. Las figuras del “pran” (el jefe del penal) y “el carro” (grupo que trabaja para él) se encargan de cobrar a los reclusos altas sumas de dinero denominadas “la causa” a cambio de mantenerlos con vida. Incluso, cárceles como la de Tocorón en el Estado Aragua cuentan con un banco, piscina, centro hípico, gimnasio, zoológico y restaurantes.

Según cifras de la OVP los penales más violentos en 2016 fueron la PGV, con 28 muertos y 11 heridos; Fénix, en Lara, con 8 muertos; La Pica, en Monagas, donde hubo 6 muertos; Puente Ayala, en Anzoátegui, con 14 muertos; y la cárcel de Apure, con 6 reclusos asesinados.

Respecto a casos de tortura, la ONG Una Ventana para la Libertad señaló que en la sede de Roca Tarpeya se detectaron varios métodos de tortura, tales como la crucifixión, ahogamiento con bolsas de agua, golpes con bates de madera y choques eléctricos a los genitales u otras partes del cuerpo.

Casos como el hacinamiento y las torturas contra reclusos suponen graves violaciones a los derechos humanos. Observamos como la Constitución en su artículo 46 protege la integridad física, psíquica y moral de las personas, pero también condena la realización de torturas crueles, inhumanos o degradantes contra éstas.

También se evidenció una gran insalubridad, hacinamiento, casos de privación ilegítima de libertad y falta de asistencia médica.

El 16 de agosto más de 30 presos fueron asesinados en el centro de reclusión Centro de Detención Judicial de Amazonas (Cedja), en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, luego de que organismos de seguridad del Estado intentaran entrar al recinto en coordinación con el Ministerio de Relaciones Interiores Justicia y Paz. Se reportaron enfrentamientos entre los presos y los cuerpos de seguridad.

El ord. 4 del mismo artículo evidencia que todo funcionario que infiera maltratos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado de acuerdo con la Ley.

Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala en su artículo 10 que toda persona privada de libertad debe ser tratada humanamente y con respeto a su dignidad. Añade que el régimen penitenciario debe consistir en un tratamiento cuya finalidad sea la reforma y readaptación social de los penados.

 

El caso más reciente fue el de Adolfo Iván Martínez Canino, de 25 años de edad, quien estaba preso desde el 13 de septiembre de 2016, en la Policía Municipal de Guaicaipuro, en Los Teques, estado Miranda y murió el 20 de septiembre de 2017 por desnutrición severa. La reclusión de los privados de libertad en ciudades alejadas de sus pueblos de origen, constituye otro obstáculo para que familiares puedan acudir diariamente a llevarles alimentos.

Una Ventana a la libertad asegura que en algunos centros de detención, los familiares deben pagar a funcionarios policiales para que permitan el ingreso alimentos a los detenidos.

Los centros de detención preventiva no cuentan con infraestructura (cocinas ni comedores), ni con presupuesto para proveer alimentos para los privados de libertad, por cuanto estos espacios no fueron concebidos para albergar reclusos por largos plazos. Están diseñados para mantener a los detenidos por un período máximo de 48 horas, hasta que sean presentados ante los tribunales y sean liberados o les sea asignado su centro de reclusión definitivo. En la actualidad los reclusos permanecen en estos centros por tiempo indefinido.